El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción para los imputados en la Operación Onco14, pidiendo prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán, y arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Se espera la decisión judicial el próximo lunes, en un caso que involucra un presunto fraude contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el Seguro Nacional de Salud.
La Fiscalía ha requerido el encarcelamiento de los acusados Héctor Antonio Lora Cruceta y su cónyuge actual, Luisa Yasiris Guzmán, mientras que para la procesada Dilcia Isabel Vargas Sánchez se ha pedido arresto domiciliario. Estas personas fueron detenidas como parte de la Operación Onco14. La resolución de la jueza sobre los implicados en la red, que supuestamente se benefició del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer a través de actividades ilícitas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes oncológicos y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), se conocerá el venidero lunes 29 de junio.
El equipo legal del Ministerio Público fue liderado por Wilson Camacho, director general de Persecución, en colaboración con Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Quirsa Abreu, procuradora de corte y fiscal de Santiago. También participaron Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, responsable de Casos Complejos en esa jurisdicción.
Los fiscales intervinieron en la audiencia dirigida por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien ha presidido tres sesiones en el proceso de determinación de la medida de coerción. En el escrito presentado ante el tribunal, el organismo investigador solicita la imposición de dieciocho meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, quien fue presidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.
El Ministerio Público pide que el proceso sea declarado de tramitación compleja debido a la multiplicidad y gravedad de los cargos imputados, así como por la posible sanción que podría aplicarse en un juicio. La investigación llevada a cabo por el ente persecutor abarca delitos como fraude clínico y farmacéutico mediante la alteración de prescripciones médicas, el uso de sellos médicos falsificados, la doble facturación al SeNaSa y la entrega parcial de medicamentos.
El pasado viernes, la jueza Santiago Reyes pospuso la decisión de la medida cautelar hasta el martes, a petición de los defensores. Ese día, después de las 9:00 de la noche, la magistrada Reyes suspendió la audiencia hasta este jueves 25 de junio, a las 4:00 de la tarde, para iniciar la fase de réplica y contrarréplica. Este jueves, la jueza aplazó la sesión hasta el próximo lunes, 29 de junio, a las 7:30 de la noche, fecha en la que el Ministerio Público espera que se dicte su resolución.
Durante la Operación Onco 14, fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. Asimismo, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que gestiona el Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado presidía la ASFL mencionada.
Las detenciones se realizaron con orden judicial por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago. Los acusados y las entidades Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida desviaron fondos a través de diversos mecanismos fraudulentos.
La investigación cubre actos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico por medio de la modificación de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de fármacos. Adicionalmente, se investiga la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicinas donadas, el contrabando con exenciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas. Del mismo modo, se indaga sobre el uso de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, gastos de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, así como sabotaje digital, sustracción de archivos y blanqueo de capitales.
Según la investigación del Ministerio Público, los involucrados sobornaron a distribuidores de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual desviaban fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y fármacos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago. Otro de los métodos para la apropiación indebida de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que trabaja en este tipo de organizaciones.
La Operación Onco14 se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), resultando en la incautación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos móviles y DVR, entre otros. El grupo enfrenta acusaciones por asociación ilícita, estafa contra el Estado, cohecho, delitos de alta tecnología (acceso no autorizado, código de acceso) y blanqueo de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
