El partido Fuerza del Pueblo ha solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas una auditoría exhaustiva sobre el programa social Supérate, enfocándose en sus procesos de incorporación, desembolsos y controles. De manera simultánea, han requerido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que examine posibles implicaciones penales, garantizando el debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades. La denuncia se centra en presuntas irregularidades en la inclusión de beneficiarios y en el manejo de fondos públicos.
El partido político Fuerza del Pueblo (FP) presentó este martes una petición a la Cámara de Cuentas para que realice una auditoría especial sobre las afiliaciones, gastos y sistemas de control del programa Supérate. Asimismo, solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que investigue cualquier acción que pueda tener relevancia penal, siempre respetando el debido proceso y sin asumir culpabilidades de antemano.
La solicitud fue entregada por Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, durante una conferencia de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP y antiguo superintendente de Salud y Riesgos Laborales, junto a los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, quienes previamente fueron directores generales de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del Programa Solidaridad, respectivamente.
Alburquerque señaló que, a través de la Resolución Administrativa 003-2022, emitida el 12 de abril de 2022, la dirección del programa Supérate decidió de forma unilateral incorporar a 300 mil hogares al programa Aliméntate y a 400 mil beneficiarios al Bonogás, sumando un total de 700 mil nuevas inclusiones. Según sus explicaciones, estas incorporaciones han generado un costo anual para el Estado de RD$8,196 millones.
“Y lo que resulta aún más preocupante. Esta Resolución permite la inclusión de hogares que aún no habían sido clasificados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), estipulando que su categorización se realizaría después de su integración”, declaró el líder político.
“¡Inviertieron el orden de las prioridades! Primero se incorporó, y luego se evaluó”, manifestó Alburquerque, quien puso en duda la adopción de esa decisión cuando, según su argumento, solo el Siuben estaba legalmente facultado para identificar y clasificar a las familias de bajos recursos del país. “¿Qué figura política autorizó estas inclusiones? ¿Cómo es posible que un funcionario infrinja la ley sin consecuencias? Estas preguntas requieren respuestas documentadas”, añadió.
El exvicepresidente indicó que, cuatro años después, Supérate reincide en lo que considera un incumplimiento de las normativas legales, mediante la Resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, relativa al Bono Navideño. Esta resolución contempla la identificación de beneficiarios, la distribución de tarjetas y la elaboración de nóminas de depósito, excluyendo al Siuben de las tareas que le corresponden en la identificación y categorización de los hogares empobrecidos.
Alburquerque señaló que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por un valor superior a los RD$19,000 millones, según las propias autoridades, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 propone otros RD$4,000 millones para ese programa. Esto suma más de RD$23,000 millones entre los bonos ya anunciados y la nueva partida presupuestaria. “¿Quién ha certificado que los receptores de esos hogares son personas de escasos recursos? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del Siuben?”, cuestionó Alburquerque, enfatizando la necesidad de clarificar los métodos empleados para seleccionar a los beneficiarios de esos fondos públicos.
El dirigente de la oposición, quien entre 2004 y 2012 fungió como coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno dominicano, recordó que participó en el proceso de creación y desarrollo del sistema de protección social durante las administraciones del presidente Leonel Fernández. Esta experiencia le permitió conocer directamente el funcionamiento de los programas sociales y los mecanismos establecidos para la selección de sus beneficiarios.
“Que quede completamente claro. No estamos en contra de los programas sociales ni de los subsidios orientados a proteger a las familias más vulnerables. Por el contrario, fuimos actores clave en la implementación del sistema de protección social durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, convencidos de que el Estado tiene la obligación de amparar a quienes más lo necesitan”, expresó.
Alburquerque afirmó que desde 2022 la Fuerza del Pueblo ha estado denunciando el uso inapropiado de los fondos públicos destinados a la protección social y advirtiendo que la expansión de los listados de beneficiarios, el aumento en la asignación de recursos y la falta de transparencia estaban generando condiciones propicias para la utilización política de los programas sociales.