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Mar, Nov

Director de la DEA Afirma que Continuará Revelando Nexos entre Políticos Mexicanos y Carteles

Internacionales
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, declaró recientemente que la agencia seguirá destapando las supuestas conexiones entre grupos criminales y figuras políticas en México. Subrayó que la corrupción es un factor clave que impulsa las operaciones del narcotráfico, y reiteró el compromiso de la DEA de investigar estas redes para proteger la seguridad en Estados Unidos.

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, manifestó el martes que la institución continuará haciendo públicos los supuestos lazos entre agrupaciones delictivas y figuras políticas en México. Aseguró que la corrupción es un factor que favorece las actividades de las organizaciones de narcotraficantes. A través de su cuenta en la plataforma X, el funcionario estadounidense sostuvo que la corrupción en México nutre a las redes delictivas que representan una amenaza para las comunidades en Estados Unidos y reafirmó la determinación de la DEA de investigar dichas conexiones.

“La DEA mantiene su compromiso de evidenciar la relación entre organizaciones terroristas extranjeras letales y funcionarios políticos corruptos para salvaguardar vidas estadounidenses. No nos detendremos”, escribió Cole.

Tres días antes, el titular de la DEA había advertido que su agencia y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirían a funcionarios y políticos que, presuntamente, ofrecen amparo a grupos dedicados al tráfico de drogas. En aquella oportunidad, Cole afirmó que la corrupción y el tráfico de estupefacientes están vinculados, sin importar la posición política de los implicados, y aseguró que las autoridades estadounidenses seguirían investigando a quienes se benefician de las operaciones de los cárteles.

Estas declaraciones surgieron tras la condena en un tribunal federal estadounidense de Antonio Oseguera Cervantes, conocido como «Tony Montana», hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Oseguera Cervantes fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por crímenes relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas de fuego, después de haberse declarado culpable meses antes.

En abril de 2026, las autoridades de Estados Unidos también presentaron cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. Según los señalamientos de la justicia estadounidense, los involucrados habrían facilitado actividades conectadas con el tráfico de drogas y armas, además de entregar información confidencial de organismos de seguridad a miembros de la organización criminal. Entre las personas mencionadas en esas acusaciones se encuentran Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Gerardo Mérida Sánchez, Marco Antonio Almanza Avilés y Juan de Dios Gámez Mendívil.

Asimismo, en septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 21 individuos y 25 empresas por presuntas conexiones con una facción del Cártel de Sinaloa ligada a Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco». Entre los señalados figuran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su hermano Luis Alfonso Torres, quienes, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habrían recibido sobornos y participado en operaciones de lavado de dinero.

Las sanciones también incluyeron a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, quien ocupó cargos como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California. Las autoridades estadounidenses los vincularon supuestamente con operaciones destinadas a facilitar las actividades de organizaciones criminales a cambio de beneficios económicos. Los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos ocurren en el marco de las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico, que comprenden investigaciones, sanciones económicas y procesos judiciales.

Cole reiteró que la DEA mantendrá sus esfuerzos para identificar y exponer las conexiones entre organizaciones criminales y actores políticos que, presuntamente, facilitan sus actividades.