El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, ha aclarado que las anomalías financieras identificadas en la institución están vinculadas a subsidios otorgados en administraciones previas, y no a pagos de pensiones. Las investigaciones sobre estos hallazgos se están llevando a cabo diligentemente y se esperan más detalles y repercusiones. Además, el gremio ha expresado su desacuerdo con un artículo del nuevo Código Penal que sanciona a los médicos por certificaciones falsas.
El doctor Luis Peña Núñez, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), comunicó este jueves que las presuntas anomalías económicas y administrativas halladas en la entidad, tras asumir la dirección, no se relacionan con el desembolso de pensiones, sino con asistencias económicas concedidas en administraciones anteriores.
Al ser preguntado sobre el particular en una entrevista en el programa El Día, detalló que en este momento se están llevando a cabo los pasos necesarios para finalizar las indagaciones antes de proporcionar información adicional sobre los hallazgos. “Habrá información detallada y habrá consecuencias”, aseveró, señalando que evita dar más pormenores para no interferir con las investigaciones correspondientes.
De igual manera, garantizó que los fondos asignados a los esquemas de apoyo para profesionales de la medicina continúan asegurados.
Durante la entrevista, Peña Núñez también puso en tela de juicio el artículo 354 del nuevo Código Penal, el cual establece sanciones para los galenos que emitan constancias médicas apócrifas. El líder gremial catalogó la normativa como “ilógica e inconstitucional”, al considerar que infringe principios de equidad establecidos en la propia legislación penal.
Argumentó que el artículo prevé castigos distintos para médicos del sector estatal y particular que incurran en la misma falta, circunstancia que, según la perspectiva del CMD, representa una aplicación dispar de la normativa. Por este motivo, comunicó que el colegio presentó una solicitud de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para pedir la revisión de dicha disposición.
