El representante legal de las víctimas en el caso Indisarq, Ricardo Alcántara Méndez, ha solicitado al Sistema Nacional de Defensa Pública que analice el impacto económico derivado de la postergación de audiencias y los traslados de reclusos. Según Alcántara, estas acciones no solo generan gastos significativos para el Estado, sino que también obstaculizan el desarrollo expedito de los procesos judiciales, afectando la eficiencia del sistema.
El licenciado Ricardo Alcántara Méndez, quien representa a los afectados en el litigio conocido como Nido o Indisarq, ha instado al Sistema Nacional de Defensa Pública a considerar las repercusiones financieras que conllevan las suspensiones de sesiones judiciales y los movimientos de personas privadas de libertad. Él argumenta que estas decisiones implican un desembolso para el erario público y entorpecen el avance oportuno de los procedimientos legales.
Alcántara afirmó que, antes de programar una interrupción de una audiencia o el desplazamiento de un recluso, las autoridades deberían sopesar los gastos asociados que estas medidas acarrean para el sistema judicial. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la planificación de los trámites legales para evitar demoras innecesarias.
El jurista manifestó que una mejor organización contribuiría a optimizar los recursos estatales y a asegurar una administración de justicia más eficaz para todas las partes involucradas.
Los acusados en el expediente Nido o Indisarq enfrentan imputaciones por fraude, falsificación de documentos, formación de una asociación ilícita y blanqueo de capitales, en presunta contravención de los artículos 59, 60, 147, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, figuran como coimputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, junto con las entidades Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, entre otros.
La investigación preliminar establece que la red utilizaba las compañías Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, como herramientas para ejecutar los engaños, ofreciendo bienes inmuebles inexistentes en supuestos proyectos de desarrollo habitacional.
Las indagaciones del caso se iniciaron a raíz de un reportaje investigativo realizado por N Investiga, dirigido por Nuria Piera.
