El caso judicial relacionado con la catástrofe del Jet Set avanza a una nueva fase, al confirmarse el tribunal que presidirá el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. La Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional será la encargada de evaluar las acusaciones, que se derivan del colapso del establecimiento que causó numerosas víctimas y heridos.
El proceso legal vinculado al incidente en el Jet Set alcanza una nueva etapa tras la designación del tribunal que examinará el juicio principal contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. La Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, bajo la presidencia de la magistrada Clara Luz Almonte, será la responsable de llevar a cabo el enjuiciamiento de los dueños del establecimiento nocturno.
Los hermanos Espaillat serán juzgados después de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera una orden de apertura a juicio, al estimar que existen suficientes elementos para que respondan por las imputaciones relacionadas con el derrumbe del local de diversión, un suceso que resultó en 236 fallecidos y más de 180 lesionados. Durante esta fase, el tribunal deberá analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la defensa y los demandantes antes de emitir una resolución sobre el caso.
Así sucedió la tragedia del Jet Set
En la madrugada del 8 de abril de 2026, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó mientras se realizaba un espectáculo, dejando 236 personas sin vida y cientos de heridos. Esta catástrofe es considerada una de las más graves ocurridas en un centro de esparcimiento en la historia de la República Dominicana.
El 15 de junio de 2026, el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que el Ministerio Público presentó evidencia suficiente para que ambos enfrentaran un juicio de fondo. Durante la audiencia preliminar, el magistrado mantuvo la clasificación legal de homicidio involuntario, rechazó la solicitud de modificar las medidas de coerción y ordenó precauciones sobre bienes de los acusados y de terceros demandados civilmente por un valor de 500 millones de pesos. Con esa determinación, el expediente avanzó a la etapa de juicio principal, en la cual se establecerá la responsabilidad penal de los imputados.
