El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha manifestado nuevamente su inquietud respecto al proyecto de ley de residuos sólidos, pese a su compromiso con un sistema de gestión moderno. La objeción principal se centra en el procedimiento legislativo acelerado, que limita el análisis y la discusión técnica necesarios para una reforma de tal envergadura, y en la concentración de nuevas cargas económicas sobre el sector empresarial.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirmó este lunes su dedicación a fortalecer un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los desechos, reconociendo la necesidad de revisar periódicamente el marco legal para afrontar nuevos desafíos. Sin embargo, reiteró su inquietud por la forma en que se busca aprobar una reforma de esta magnitud, mediante un proceso legislativo que reduce considerablemente los espacios de estudio y debate técnico que una iniciativa de este tipo requiere.
La reacción de la cúpula empresarial surge tras la aprobación en la Cámara de Diputados, con modificaciones, del proyecto de ley sobre residuos sólidos, al cual se han opuesto en diversas ocasiones. “La potestad constitucional de declarar la urgencia es una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistimos en que su uso para reformas que modifican sustancialmente obligaciones económicas y reglas de operación de la actividad productiva debe ejercerse con prudencia y responsabilidad institucional”, declaró el gremio en un comunicado.
El CONEP consideró preocupante que el proyecto concentre una parte significativa de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y que contribuyen con una porción considerable de las recaudaciones tributarias del país. “Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte de un mismo entramado productivo y todas son esenciales para el desarrollo nacional”, agregaron los empresarios.
En ese sentido, aseguraron que las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de forma aislada. “La proporcionalidad exige sopesar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita resguardar”, expusieron.
