El exdirector de Senasa, Santiago Hazim, fue visto saliendo de una audiencia judicial bajo custodia y con problemas de movilidad. Esto ocurrió tras la revisión de nuevas pruebas relacionadas con una supuesta red de corrupción administrativa dentro de la institución. El caso se centra en la denuncia de una madre cuyo hijo autista habría sido víctima de facturaciones fraudulentas por terapias no recibidas.
En Santo Domingo, el antiguo titular del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, abandonó el tribunal este jueves escoltado por agentes de seguridad y con dificultad para descender las escaleras. Esto sucedió después de que el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional examinara nuevas acciones vinculadas al supuesto esquema de corrupción administrativa que presuntamente afectó a dicha entidad.
Hazim y los demás acusados regresaron a la corte, presidida por el juez Deiby Timoteo Peguero, donde se discutieron peticiones presentadas por una de las partes demandantes, con el objetivo de añadir nuevas diligencias a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Durante la sesión, el magistrado invalidó una decisión previa concerniente a las solicitudes de la parte querellante. Consideró que estas habían perdido su propósito una vez que el organismo acusador respondió a los requerimientos planteados.
Esta determinación se relaciona con el caso de Niurka Elvira Paulino Rodríguez, quien representa a su hijo con diagnóstico de autismo. Ella alega que la cobertura médica del menor fue utilizada para reportar terapias que, supuestamente, nunca recibió.
Según la acusación, los servicios fueron facturados al seguro del niño por el Centro Psicológico Familiar Bonao, a pesar de que el menor había dejado de recibir atención en ese lugar meses antes. La madre afirma que, al intentar retomar las terapias, le informaron que el seguro médico ya no disponía de cobertura. Esta situación la forzó a costear directamente los gastos del tratamiento.
Ante esta circunstancia, los abogados de la familia solicitaron al Ministerio Público que gestionara ante Senasa un historial detallado de los servicios y consumos registrados bajo el número de afiliación del menor. El objetivo era identificar los centros médicos y las farmacias que habrían utilizado su cobertura.
La denuncia fue interpuesta contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma Ubiera, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. El proceso busca determinar las responsabilidades de los implicados en las presuntas irregularidades cometidas contra el seguro estatal.