Una solicitud presentada por una de las partes querellantes en el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha sido declarada sin efecto por el tribunal. Esta decisión se produjo después de que el Ministerio Público respondiera a las peticiones, lo que llevó al juez a considerar que la solicitud carecía de objeto. El proceso judicial continúa avanzando con los imputados presentes en la audiencia.
El representante del Ministerio Público, Emmanuel Ramírez, comunicó este jueves que la entidad acusadora ya ha respondido a los requerimientos formulados por una de las personas querellantes en el procedimiento judicial relacionado con el supuesto esquema de corrupción administrativa dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa). En consecuencia, el tribunal ha invalidado la resolución de peticiones previamente presentada.
“Hoy, una de las partes querellantes en este litigio del caso Senasa había planteado una resolución con varias solicitudes, a las cuales el Ministerio Público tuvo a bien dar una contestación en el día de hoy. Por lo tanto, fue declarada sin efecto, dado que carecía de propósito, y así lo determinó el magistrado”, explicó Ramírez al salir de la sede judicial.
El vocero del órgano acusador aclaró que esta determinación únicamente concierne a una de las partes querellantes involucradas en el proceso.
La sesión fue presidida por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde estuvieron presentes el antiguo director de Senasa, Santiago Hazim, y los demás individuos acusados en el expediente.
La petición está ligada a la denuncia formalizada por Niurka Elvira Paulino Rodríguez, quien representa a su hijo, diagnosticado con autismo. Ella alega que la cobertura de salud de su hijo fue supuestamente utilizada para facturar terapias que, según su denuncia, el menor nunca recibió.
Conforme a los documentos presentados por sus abogados, los servicios habrían sido cargados al Centro Psicológico Familiar Bonao, a pesar de que el niño había dejado de recibir atención en dicho establecimiento varios meses antes.
La progenitora afirma que, al intentar reanudar las sesiones de terapia, le informaron que la cobertura del seguro se había agotado, viéndose obligada a costear directamente los gastos del tratamiento.
Frente a esta situación, sus defensores legales solicitaron al Ministerio Público requerir a Senasa un historial detallado de los servicios y consumos registrados bajo la afiliación del menor, con el fin de identificar los centros médicos y farmacias que habrían utilizado su cobertura.
La querella fue interpuesta contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma Ubiera, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Cabe recordar que, después del reportaje emitido por el programa N Investiga, dirigido por la periodista Nuria Piera, las autoridades iniciaron acciones relacionadas con las denuncias expuestas en la investigación, que reveló supuestas irregularidades en el procedimiento.