20
Vie, Nov

Caso Lobo: Tribunal pospone audiencia al 27 de noviembre; defensa objeta presunción de culpabilidad

Nacionales
El tribunal a cargo del proceso judicial de la Operación Lobo ha reprogramado la continuación de la audiencia para el 27 de noviembre. Durante la sesión, la defensa de uno de los involucrados argumentó que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas sólidas y no en suposiciones de responsabilidad penal. Además, se expusieron dificultades para obtener documentación bancaria crucial para la preparación de la defensa de su cliente.

El juzgado que lleva el caso de la Operación Lobo ha establecido que la audiencia se reanudará el viernes 27 de noviembre. En la sesión previa, el representante legal de uno de los acusados cuestionó la validez de fundamentar fallos judiciales en conjeturas de culpabilidad. El abogado Víctor Manuel Márquez Fernández, quien defiende a Wellington Peralta Santos, afirmó que cualquier veredicto debe sustentarse en evidencias concretas y no en presunciones de culpabilidad.

El letrado basó su argumento en el artículo 14 de la Ley 97-25, que rige el Código Procesal Penal, el cual en su tercer párrafo prohíbe las suposiciones de culpabilidad. Márquez Fernández adelantó que esta postura será un pilar fundamental en su estrategia legal contra la acusación presentada por el Ministerio Público.

Defensa reporta obstáculos para conseguir registros bancarios

El defensor explicó que su cliente ha enfrentado impedimentos para obtener una certificación del Banco de Reservas, relacionada con operaciones de préstamos que considera esenciales para su defensa. Según señaló, Peralta Santos cumple arresto domiciliario, lo que le ha impedido presentarse personalmente en la institución bancaria para gestionar la documentación, ya que hacerlo implicaría el incumplimiento de las condiciones de su medida de coerción.

“Para no infringir los términos del arresto domiciliario, no pudo ir al Banco de Reservas a conseguir una certificación sobre las transacciones de préstamo que realizó”, detalló el jurista. Márquez Fernández sostuvo que la entidad bancaria exige la presencia física de su cliente para entregar dicha certificación, una situación que, según indicó, ha impedido finalizar el escrito de defensa.

Ministerio Público acusa a 14 individuos y empresas por sobornos millonarios

La Operación Lobo es una investigación del Ministerio Público sobre una presunta red de corrupción que habría desembolsado RD$108,080,359.92 en pagos ilícitos para asegurar contratos de servicios de seguridad privada en diversas entidades públicas de la República Dominicana. El organismo acusador presentó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional una acusación formal y una petición de juicio contra diez personas físicas y cuatro compañías que, según el expediente, habrían participado en las actividades investigadas.

De acuerdo con la acusación, los fondos fueron exigidos y recibidos por responsables de seguridad institucional y otros funcionarios mencionados en el expediente, a cambio de favorecer la contratación de servicios privados. El Ministerio Público afirma que las operaciones involucraron a encargados de seguridad de distintas dependencias estatales, incluyendo las empresas de distribución de electricidad y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

¿Quiénes son los imputados en la Operación Lobo?

Entre los individuos mencionados en el expediente se encuentra Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase). También fueron acusados Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi, y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste.

La acusación incluye, además, a Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, también exencargado de seguridad de esa distribuidora, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste. Asimismo, figura Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi, cuya defensa cuestionó durante la audiencia el uso de suposiciones de culpabilidad. Completan la lista Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

En cuanto a las entidades jurídicas, el expediente incluye a Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas al acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez González. También fueron acusadas Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, señaladas como propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

Fiscalía solicita inicio de juicio oral

Con la presentación de la acusación formal en julio, el Ministerio Público solicitó al tribunal admitir la totalidad del expediente y sus elementos probatorios, así como dictar una orden de apertura de juicio contra los acusados. Según el órgano persecutor, la estructura investigada habría operado mediante el pago de sobornos a funcionarios responsables de la seguridad de instituciones estatales, con el objetivo de favorecer la adjudicación de contratos a empresas privadas.

El monto identificado por los investigadores asciende a más de RD$108 millones, suma que, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido distribuida entre los involucrados en las operaciones investigadas. Las imputaciones deberán ser revisadas por el tribunal, mientras que las defensas tienen derecho a impugnar las acusaciones y presentar las pruebas que consideren pertinentes. La audiencia proseguirá el próximo viernes 27 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.