Una mujer ha recibido un año de prisión preventiva como medida de coerción, tras ser imputada por el fallecimiento de su hija de tres años. El suceso ocurrió en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde la menor llegó al hospital con múltiples lesiones que resultaron fatales. El Ministerio Público ha calificado el caso como infanticidio y acto de tortura.
Acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público, un tribunal ha determinado este viernes que una mujer permanezca un año en prisión preventiva. Esta medida de coerción se impone a la acusada por la muerte de su hija de tres años, un lamentable incidente ocurrido el pasado sábado 14 de noviembre en el municipio de Nagua, dentro de la provincia María Trinidad Sánchez.
La disposición judicial afecta a Mailin Hernández Familia, quien fue detenida en flagrancia en el hospital público Doctor Antonio Yapor Heded de Nagua. La señora había ingresado a la niña al centro médico en un estado sumamente delicado, debido a las heridas que presentaba y que, finalmente, le provocaron la muerte.
Entre las lesiones constatadas se incluyen diversos traumatismos recientes en la zona facial, con hinchazón y hematomas visibles en el área del tabique nasal, así como heridas y abrasiones en la hemicara derecha. También se observaron laceraciones antiguas en la parte frontal y lateral del cuello, y traumatismos recientes con edema en las regiones anterior y posterior del tórax, lo cual evidencia la gravedad de las afectaciones sufridas por la infante.
El fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero, quien encabeza la investigación, ha asignado al caso la calificación jurídica provisoria de infanticidio y acto de tortura y barbarie. Estos delitos están contemplados y sancionados en los artículos 92, numerales 4 y 5, y 117 del Código Penal dominicano, además de los artículos 12 y 396 de la Ley 136-03, la cual establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Durante el proceso de litigación, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal Anallancy Sierra Montero.
La jueza Martha Mireya Indhira Javier Cedano, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez, ordenó que el cumplimiento de esta medida de coerción se realice en la Fortaleza General Olegario Tenares, ubicada en la misma provincia.