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Dom, Nov

¿Cuál es el destino de las armas incautadas en República Dominicana y cómo se gestionan tras su retención?

Nacionales
La legislación dominicana establece diversos caminos para las armas de fuego retiradas de circulación, desde su destrucción hasta su asignación para uso estatal. La Ley 631-16 detalla los procedimientos de remisión, custodia y eliminación del armamento, aunque la destrucción no es la única opción. Algunas armas quedan ligadas a procesos judiciales, mientras que otras pueden ser reasignadas a instituciones públicas bajo condiciones específicas.

En Santo Domingo, la normativa dominicana define diferentes destinos para las armas de fuego que son sacadas de circulación. Algunas son enviadas a depósitos gubernamentales para su posterior destrucción, mientras que otras permanecen asociadas a investigaciones judiciales o incluso se destinan a tareas de seguridad en organismos del Estado, bajo criterios específicos. La Ley 631-16, que regula el control de armas, municiones y materiales relacionados, describe los pasos para el envío, resguardo y eliminación del armamento confiscado. Sin embargo, la destrucción no es el único camino posible, por lo que las armas obtenidas en operativos policiales no siempre terminan en las instalaciones de Metaldom.

El artículo 91 de esta ley establece que las armas clasificadas como de guerra deben ser enviadas a la Intendencia General de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, mientras que las de uso civil, reguladas por la ley, deben ser depositadas en el Ministerio de Interior y Policía (MIP), a menos que se haya dispuesto expresamente su destrucción o confiscación.

En este contexto, la Resolución MIP-RR-0008-2021 estipula que la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, compuesta por Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, debe crear un protocolo para su eliminación.

La distinción entre un arma incautada y una decomisada radica en que la primera puede estar retenida como parte de un proceso investigativo o administrativo, mientras que el decomiso definitivo, según la resolución MIP-RR-0006-2021, requiere una sentencia con carácter irrevocable. Esto significa que la posesión de un arma durante una operación no implica automáticamente su destrucción ni que pase a ser propiedad permanente del Estado.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Interior y Policía informó que, una vez finalizado el proceso correspondiente impulsado por el Ministerio Público, las armas decomisadas se envían a esa institución para su custodia o destrucción, según proceda.

Una de las etapas del proceso se lleva a cabo mediante jornadas de destrucción de armamento, coordinadas por Interior y Policía, con el apoyo de Metaldom y la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego.

El 2 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron la destrucción de 3,945 armas y componentes relacionados, incluyendo pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, armas de fabricación artesanal, piezas y cargadores. Esto se debe a un acuerdo entre el Estado dominicano, a través de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, y la empresa Gerdau Metaldom para la destrucción de armas de fuego confiscadas, sobrantes o en desuso, firmado en 2020.

El objetivo principal del convenio es asegurar la correcta eliminación de estas armas, garantizar que no puedan volver a ser utilizadas y que en el proceso no se pongan en riesgo al personal involucrado, a la población en general ni al medioambiente. La normativa exige, además, que antes de la destrucción se registren las características físicas que permitan identificar cada arma, junto con la información de sus dueños o poseedores.

Más allá de los procesos de destrucción, la normativa dominicana considera que ciertas armas bajo custodia estatal pueden ser reasignadas a funciones oficiales.

La Resolución MIP-RR-0006-2021, emitida por Interior y Policía, establece un procedimiento para asignar armas de sus depósitos a militares y policías designados para proporcionar seguridad en instituciones públicas.

La disposición abarca armas decomisadas de forma definitiva, entregadas voluntariamente y otras que pasan a formar parte del inventario estatal bajo las condiciones establecidas en la resolución. Para llevar a cabo estas asignaciones, el personal beneficiario debe pertenecer a un cuerpo policial o militar, estar asignado a tareas de seguridad y no poseer un arma reglamentaria. La institución solicitante debe presentar la documentación correspondiente, mientras que Interior y Policía debe verificar la disponibilidad del armamento y emitir la autorización respectiva. Las armas asignadas deben emplearse exclusivamente en las funciones de seguridad autorizadas y devolverse cuando el servicio del beneficiario cese, a menos que se gestione una nueva asignación.

Otro destino previsto en la legislación es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El artículo 93 de la Ley 631-16 establece que, antes de destruir el armamento, el Ministerio de Interior y Policía debe disponer de un ejemplar por cada marca, modelo y calibre para la creación de una colección de referencia científica. Este mecanismo permite conservar ejemplares destinados a apoyar investigaciones criminales, incluidas las relacionadas con el análisis e identificación de armas de fuego.

Las armas obtenidas como pruebas en investigaciones criminales deben mantenerse sujetas a los procedimientos correspondientes hasta que las autoridades competentes definan su estatus legal. Un ejemplo ocurrió en febrero de 2025, cuando la Fiscalía de Santo Domingo Oeste entregó 94 armas de fuego al Ministerio de Interior y Policía, entre ellas seis armas de guerra. La entrega también incluyó 17,000 municiones introducidas de contrabando por el puerto de Haina. Según la información oficial, las armas estaban vinculadas a casos judiciales concluidos y fueron remitidas para continuar el proceso de decomiso. Esto demuestra que el traslado del armamento puede ocurrir después de que termine el proceso judicial, y no necesariamente en el momento de su ocupación.

Las estadísticas oficiales muestran la cantidad de armamento que las autoridades dominicanas retiran de circulación mediante operaciones policiales, allanamientos, controles de licencias e investigaciones relacionadas con actividades delictivas.

De acuerdo con un balance de la Fuerza de Tarea Conjunta, difundido por la Presidencia de la República el 13 de enero de 2025, durante 2024 se retuvieron 6,397 armas de fuego, además de 45,133 armas blancas. Para septiembre de 2025, la Policía Nacional informó que había recuperado 5,700 armas de fuego durante ese año. De estas, 3,958 fueron clasificadas como ilegales, 364 tenían licencias caducadas y 1,228 estaban asociadas a investigaciones judiciales. En cuanto a 2026, un informe oficial de criminalidad de la Policía Nacional, fechado el 13 de noviembre, registró 345 armas en su módulo correspondiente a noviembre. De ese grupo, 235 eran ilegales, 77 estaban bajo investigación a pesar de contar con documentación legal, 25 tenían licencias vencidas y ocho figuraban como robadas.