La esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, y su asesora Cristina Álvarez, han sido imputadas por el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La imputación se basa en una investigación que señala una posible desviación de funciones de Álvarez, quien, contratada para labores institucionales, habría colaborado en actividades académicas de Gómez. Ambas deberán declarar ante el juez en septiembre.
El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de Álvarez como asistente.
Gómez deberá declarar como investigada el 11 de septiembre, mientras que Álvarez comparecerá el 10 de septiembre. Esta imputación se basa en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, emitido en junio, que avaló la investigación por presunta malversación.
Según dicho auto, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno funcionó como una “estructura institucionalizada de poder” que permitió una desviación de funciones por parte de Álvarez, cuya contratación era para tareas institucionales, de protocolo y seguridad.
Antecedentes de la investigación: Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo relacionados con su trabajo como codirectora de dos másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El juez Peinado lleva más de un año instruyendo este caso.
Declaraciones y cambio de estatus procesal: En diciembre de 2024, Cristina Álvarez declaró como testigo tras informes que indicaban su colaboración con Gómez en tareas académicas durante su horario laboral. En enero, su estatus procesal cambió a investigada. A pesar de que el juez inicialmente no vio indicios delictivos, posteriormente modificó su criterio. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía y Álvarez presentaron recursos, pero la Audiencia solo anuló la declaración inicial como testigo, permitiendo que la investigación por malversación continuara.
Elementos que sustentan la investigación: Entre las pruebas citadas por la Audiencia se encuentran correos electrónicos de Álvarez al vicerrector Juan Carlos Doadrio, su presencia junto a Gómez en la UCM y comunicaciones con patrocinadores del máster, como Reale Seguros y un directivo de Google, lo que podría exceder sus funciones oficiales. El juez también solicitó registros de llamadas de Álvarez con empresas colaboradoras del programa académico de Gómez.
Petición de imputación a Bolaños, rechazada por el Supremo: Cristina Álvarez fue contratada en 2018, cuando Félix Bolaños era secretario general de Presidencia. En junio, Peinado solicitó al Tribunal Supremo su imputación por malversación y falso testimonio. Sin embargo, el alto tribunal rechazó la solicitud al considerar que no había indicios suficientes para abrir una investigación.
Con información de El País. Por: Yari Araujo
