La investigación que involucra a Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, ha revelado movimientos financieros y conexiones empresariales con la República Dominicana. Estos hallazgos incluyen transferencias de dinero y la participación del exfuncionario en una compañía registrada en el país caribeño. Las autoridades panameñas buscan establecer el origen y destino de estos recursos, así como la posible existencia de mecanismos para encubrir su procedencia.
La indagación por supuesto enriquecimiento indebido y lavado de dinero contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, Enrique Lau Cortés, abarca transacciones monetarias que presuntamente llegaron a la República Dominicana, además de la relación empresarial del exservidor público con una entidad mercantil inscrita en el país.
Lau Cortés figura supuestamente como socio de Business Intelligence E & J, una firma registrada en la República Dominicana, junto al empresario costarricense Juan José Zonta Sing. La compañía se encuentra activa en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según los registros consultados para esta investigación. La sociedad también aparece en el buscador global OpenCorporates.
Zonta Sing, quien comparte participación con Lau Cortés, está asociado a proyectos de infraestructura en Panamá, como el Complejo Deportivo de Penonomé, valorado en 15.4 millones de dólares, y el Centro Regional Universitario de San Miguelito, cuya construcción fue contratada por 65.9 millones de dólares.
La relación con la República Dominicana también surge en las operaciones financieras presentadas por la Fiscalía panameña durante una audiencia judicial. Entre las transacciones analizadas se encuentran dos cheques de gerencia por 250,000 dólares cada uno, vinculados a una sociedad identificada como Cervecería La 10. Según lo expuesto por los investigadores, posteriormente se habrían transferido 444,000 dólares a cuentas ubicadas en territorio dominicano.
Estas operaciones forman parte de las diligencias para determinar la procedencia y el destino de los fondos y establecer si se utilizaron métodos para ocultar su origen.
Registro en la DGII Business Intelligence E & J
Transferencias y movimientos financieros bajo investigación
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso información sobre diversas transacciones bancarias y operaciones patrimoniales que atribuye al exdirector de la CSS. Entre ellas se incluye un movimiento de 243,518 dólares relacionado con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap). Según la Fiscalía, Lau Cortés habría realizado depósitos en dicho sistema y posteriormente retirado los fondos para regresarlos a sus propias cuentas bancarias.
También se revelaron presuntas operaciones vinculadas con Cervecería La 10, mediante dos cheques de gerencia que totalizaron 500,000 dólares. De ese monto, 444,000 dólares habrían sido transferidos posteriormente a la República Dominicana.
La audiencia incluyó, asimismo, datos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sobre una supuesta triangulación de fondos a través de cheques depositados y luego retirados. En este apartado se mencionaron tres cheques por un monto total de 243,518 dólares.
La Fiscalía también presentó información sobre el patrimonio que Lau Cortés habría acumulado durante su trayectoria profesional y su gestión al frente de la institución de seguridad social.
El patrimonio del exdirector de la CSS
De acuerdo con los datos presentados durante la audiencia, Lau Cortés poseía un patrimonio aproximado de 2.1 millones de dólares al asumir la dirección de la Caja de Seguro Social, en octubre de 2019. Según sus propias declaraciones, entre sus fuentes de ingresos figuraban una pensión mensual de 2,500 dólares, ingresos anuales de 3,000 dólares como accionista de una empresa y otros 3,000 dólares mensuales provenientes de una organización de la que formaba parte.
También habría declarado recibir alrededor de 10,000 dólares en dietas por su participación como miembro de un hospital y 5,400 dólares por su vinculación con una empresa inmobiliaria. A esos ingresos se suman unos 60,000 dólares que, según la información presentada durante la audiencia, habría recibido por concepto de consultorías mientras dirigía la CSS.
En cuanto a sus bienes, durante la investigación se mencionó la adquisición de una propiedad en Nikki Beach, Playa Blanca, valorada en aproximadamente 256,000 dólares. También se expusieron pagos superiores a 430,000 dólares por el apartamento donde reside. Entre esas operaciones figura un abono de 183,000 dólares realizado en abril, según los datos presentados en la audiencia.
Otro de los bienes mencionados fue un apartamento valorado en 623,693 dólares, cuya adquisición habría sido efectuada por una fundación ligada a su esposa e hijos. La Fiscalía también hizo referencia a pagos superiores a 80,000 dólares a tres tarjetas de crédito, a otra propiedad de playa valorada en unos 235,000 dólares y a una pintura titulada “África mía”, estimada en 50,000 dólares.
Las sociedades comerciales en las que figura
Una revisión del Registro Público de Panamá permitió identificar la participación de Lau Cortés en diversas sociedades comerciales. Entre las empresas mencionadas figuran Global Petroleum Inc., Corporación Lala, S.A., Medical Business Corporation, S.A., Avícola Pollo Feliz Corp. y Neumólogos Asociados.
También aparece en L&D Investment Corp., sociedad en la que figura junto a otros miembros de su familia. A esta lista se suma Business Intelligence E & J, registrada en la República Dominicana, donde comparte participación con el empresario costarricense Juan José Zonta Sing. La aparición del exfuncionario en estas sociedades forma parte del contexto patrimonial examinado por las autoridades. No obstante, la participación en empresas o la existencia de vínculos comerciales no constituye por sí sola evidencia de una actividad ilícita.
Operación Muralla y los allanamientos
Lau Cortés fue detenido durante la Operación Muralla, llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La diligencia principal se realizó en el sector de Santa María, donde los investigadores encontraron documentos y otros elementos considerados de interés para el expediente.
También se efectuaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó informes sobre los movimientos financieros y patrimoniales del exfuncionario. Uno de los documentos de la Contraloría General de la República estableció una posible afectación patrimonial de 122,500.53 dólares, mientras que un informe de la DIJ situó el monto investigado en aproximadamente 504,000 dólares.
La investigación también incluyó la revisión de movimientos relacionados con la CSS y otras operaciones realizadas durante el período en que Lau Cortés estuvo al frente de la institución.
Denuncias y auditorías durante su gestión
Los cuestionamientos sobre la administración de Lau Cortés no comenzaron con la Operación Muralla. En junio de 2023, mientras aún dirigía la CSS, el abogado Yasir Del Cid presentó ante la Contraloría General una denuncia por supuesto enriquecimiento injustificado. En esa ocasión cuestionó el manejo de determinadas licitaciones realizadas por la institución.
Entre los procesos señalados figuraba un contrato de aproximadamente 168 millones de dólares para el almacenamiento y distribución de medicamentos, además de otras contrataciones relacionadas con medicamentos y suministro de oxígeno. Posteriormente, en febrero de 2025, la Contraloría inició una auditoría forense sobre el período 2019-2024. La revisión incluyó áreas como distribución de medicamentos, planillas y pensiones, con el objetivo de identificar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Otro expediente se relacionó con el traspaso de aproximadamente 400 millones de dólares desde la Caja de Seguro Social hacia el Gobierno Central. La nueva administración de la institución presentó una denuncia por las operaciones realizadas entre 2023 y 2024, cuando Lau Cortés estaba al frente de la entidad. Según la información divulgada, 300 millones de dólares fueron transferidos en 2023 y otros 100 millones en 2024.
Las autoridades de la CSS cuestionaron el fundamento legal de esas operaciones, mientras el Ministerio Público inició una investigación para establecer posibles responsabilidades. Posteriormente, el Gobierno informó que los 400 millones de dólares habían sido restituidos a la institución.
En mayo de 2026 también se conoció una resolución de la Contraloría que ordenó el secuestro de bienes vinculados a Lau Cortés hasta por 2.9 millones de dólares. La medida alcanzó propiedades, cuentas bancarias, fondos, vehículos y otros activos. Esta actuación estuvo relacionada con presuntas pérdidas por medicamentos e insumos vencidos y compras excesivas durante el período auditado. El secuestro de bienes constituye una medida precautoria y no equivale a una condena penal.
La situación judicial
Enrique Lau Cortés dirigió la Caja de Seguro Social de Panamá desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de agosto de 2025. La Operación Muralla incorporó un nuevo componente penal a los cuestionamientos sobre su patrimonio y gestión, al investigar posibles delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Durante la audiencia de imputación, celebrada ante la jueza Xenia Pérez, el fiscal Eduardo Rodríguez presentó información sobre cuentas bancarias, adquisición de propiedades, cheques, sociedades comerciales y transferencias de dinero. La diligencia comenzó a las 11:00 de la mañana y tuvo recesos durante su desarrollo, mientras el Ministerio Público exponía los elementos recopilados en la investigación.
Según el material suministrado, el exfuncionario quedó bajo depósito domiciliario tras la imputación de cargos. Las autoridades panameñas continúan examinando las operaciones financieras y patrimoniales para determinar si existen responsabilidades penales. Hasta el momento, los vínculos societarios y las transferencias mencionadas hacia la República Dominicana forman parte de los elementos expuestos durante la investigación, pero no demuestran por sí solos que se haya cometido un delito en territorio dominicano.