El presidente Luis Abinader ha admitido que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) carecía de controles internos adecuados desde su fundación, operando sin una unidad de auditoría interna y un consejo de administración efectivo. Estas deficiencias estructurales salieron a la luz tras un escándalo de corrupción que ha implicado a la aseguradora estatal y ha impulsado una reestructuración de sus mecanismos de supervisión.
SANTO DOMINGO.– El jefe de Estado, Luis Abinader, reconoció que la entidad de seguros de salud pública, Senasa, presentaba carencias significativas en sus sistemas de monitoreo y control desde el momento de su creación. Afirmó que la institución operó sin un departamento de auditoría interna y sin un órgano de dirección que supervisara eficazmente sus decisiones. “Ahí realmente hubo una falla de control desde su fundación”, manifestó el mandatario este lunes durante La Agenda Semanal, refiriéndose a las insuficiencias institucionales que se evidenciaron luego del escándalo de corrupción que afecta a la aseguradora del estado.
Esta declaración se produce en medio de una investigación del Ministerio Público que atribuye a una supuesta red de corrupción un daño económico superior a los 15,900 millones de pesos dominicanos hasta diciembre de 2024. Según la acusación, el esquema habría funcionado a través de contratos irregulares, solicitudes de pago por servicios médicos supuestamente no realizados y desembolsos de sobornos para favorecer a ciertos proveedores.
Abinader explicó que, debido a la índole de Senasa como una corporación pública descentralizada, la organización no disponía de una estructura de supervisión comparable a la de otras dependencias gubernamentales, lo que limitaba los controles sobre sus operaciones administrativas y financieras.
Los controles que el Gobierno busca instalar
El presidente señaló que las deficiencias comenzaron a corregirse mediante la constitución de un consejo de administración, la implementación de una Unidad de Auditoría Interna y la ratificación de un reglamento para reforzar la supervisión de las contrataciones.
Uno de los aspectos resaltados por el mandatario se relaciona con los acuerdos entre Senasa y los prestadores de servicios de salud. Explicó que estos pactos no estaban sujetos a la Ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas no tenía autoridad para fiscalizar dichos procedimientos.
Como respuesta, el Gobierno estableció, mediante decreto, un mecanismo que establece que los contratos con proveedores de servicios de salud deben ser revisados por el consejo de Senasa antes de su aprobación, con el objetivo de fortalecer la evaluación y supervisión de esos compromisos.
Las medidas forman parte de un proceso de reordenamiento institucional que ya había comenzado en diciembre de 2025, cuando el Poder Ejecutivo ordenó modificaciones al reglamento orgánico de la aseguradora y dispuso la creación de una comisión técnica del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud, a través del Decreto 722-25.
Abinader plantea modificar la ley de Senasa
El mandatario consideró que las nuevas disposiciones no deben limitarse a reglamentos y decisiones administrativas, sino que deben incorporarse a la legislación que rige la institución. “Yo pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles”, manifestó, proponiendo una reforma del marco legal para establecer mecanismos permanentes de supervisión y disminuir las posibilidades de que se repitan las debilidades identificadas.
Abinader también informó que el Gobierno evalúa aplicar sistemas similares en otras dos entidades públicas, aunque prefirió no revelar sus nombres para evitar la percepción de que existen irregularidades específicas en esas dependencias.
El escándalo que puso a Senasa bajo investigación
El caso Senasa se hizo público en 2025, tras denuncias sobre anomalías financieras y cuestionamientos relacionados con demoras en los pagos a los proveedores de servicios de salud. Posteriormente, el Ministerio Público puso en marcha la denominada Operación Cobra, a través de la cual presentó una acusación contra diez personas por su presunta participación en una trama de corrupción que habría causado pérdidas superiores a los 15,900 millones de pesos dominicanos.
Según el expediente, las operaciones investigadas habrían incluido manipulación de procesos internos, reclamaciones fraudulentas por servicios médicos, uso de empresas ficticias y sobornos para beneficiar a ciertos proveedores. El caso también tuvo una nueva fase llamada Senasa 2.0, en la que las autoridades indagaron supuestas autorizaciones fraudulentas por más de 41 millones de pesos dominicanos y solicitaron medidas de coerción contra otros implicados.
Las declaraciones del presidente vuelven a poner bajo análisis la estructura institucional de la aseguradora estatal y abren el debate sobre los controles que debieron operar para salvaguardar los fondos destinados a garantizar la atención médica de millones de beneficiarios.