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El conflicto en Ucrania impulsa el comercio ilícito de ámbar

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La prolongada guerra en Ucrania, que se acerca a su quinto año, ha generado un impacto geopolítico global y un alto costo humano y económico. Sin embargo, un sector que parece beneficiarse inesperadamente de la situación es el comercio ilegal de ámbar ucraniano. La prioridad bélica ha relegado a un segundo plano los esfuerzos regulatorios de 2019, facilitando el resurgimiento de la extracción ilícita de esta valiosa resina.

A medida que la guerra en Ucrania se aproxima a su quinto aniversario, el conflicto ha dejado un saldo de decenas de miles de vidas perdidas, un gasto armamentístico y humanitario multimillonario, y una creciente tensión geopolítica global. No obstante, un sector que ha encontrado un terreno fértil en esta coyuntura es el comercio ilícito de ámbar de origen ucraniano. La situación bélica ha desplazado la atención de Kiev, llevando a un segundo plano la regulación del sector implementada en 2019, priorizando ahora el frente de batalla sobre la fiscalización del ámbar.

China, con su vasto mercado de 1.400 millones de consumidores, representa un objetivo principal para cualquier industria, y el ámbar no es la excepción. El gigante asiático muestra un interés particular por esta resina fosilizada, altamente valorada en joyería. Se estima que aproximadamente el 40% de la producción de ámbar, especialmente la proveniente de exportadores polacos, se dirige a China y el Sudeste Asiático. Este elevado interés asiático también atrajo a otros productores como Rusia y Ucrania, generando una 'fiebre del oro' en el sector entre 2010 y 2015, con un incremento de valor de hasta el 1000%.

Este auge del ámbar propició el surgimiento de una 'mafia del ámbar', que, según Olena Belichenko de la Asociación Internacional del Ámbar (IAA), ha provocado un “verdadero caos” y una “catástrofe” ecológica. Oleg Bogelsky, de Amber Galbin, una empresa minera en Rivne, confirma que la minería ilegal ha causado graves daños ambientales y el saqueo de recursos por décadas. Reportajes previos, como el de National Geographic en 2017, ya alertaban sobre la minería ilegal en el oeste de Ucrania, describiendo miles de hectáreas de bosques devastados, bandas armadas disputándose yacimientos y rumores de corrupción.

En 2019, el Gobierno de Ucrania intentó regular la extracción de ámbar con nuevas normativas, buscando promover la legalidad y frenar el mercado negro. Aunque el éxito en este último objetivo es incierto, los datos aduaneros sugieren una desviación de mercancía hacia canales legales, con exportaciones oficiales de resina sin procesar que pasaron de 0,6 toneladas en 2020 a 88,8 en 2025.

Sin embargo, a partir del 24 de febrero de 2022, el mercado ilegal de ámbar y sus consecuencias medioambientales y sociales fueron relegados en la lista de prioridades de Kiev debido a la invasión rusa. La guerra, que persiste casi un lustro después, ha llevado al Parlamento ucraniano a prorrogar la ley marcial, enfocando los recursos en el conflicto. Esta situación ha impactado el celo regulador de las normas de 2019; no se han derogado, pero la capacidad de realizar inspecciones y auditorías para controlar el negocio se ha visto mermada. Mykola Kotniuk, de la Asociación de Empresas de Ámbar de Ucrania, reconoce la posibilidad de que personas extraigan resina sin los permisos adecuados, ya que la industria minera no es una prioridad en tiempos de guerra. El responsable de la patronal del sector añade que “algunos explotadores del subsuelo abusan de su posición y, tal vez, algunos extraen recursos de forma ilegal”.

Durante una investigación, un directivo de la industria ucraniana afirmó que entre el 60 y el 70% del ámbar del país es de origen ilícito. Aunque esta cifra no ha sido verificada, la Fiscalía Ambiental de Ucrania ha abierto 360 investigaciones por extracción y posesión ilegal de ámbar desde 2024. Entre estas, se descubrió una red minera en junio, liderada por un funcionario, a la que se le atribuyen daños ambientales valorados en ocho millones de dólares. A pesar de esto, algunos actores del sector matizan que las infracciones flagrantes son casos “aislados”.