Una nueva publicación académica explora el litigio relacionado con la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, analizándolo como un hito crucial para el derecho administrativo y aeroportuario en República Dominicana. El libro, titulado “Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario”, profundiza en el proceso legal entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), destacando su relevancia para el sector aeronáutico nacional.
SANTO DOMINGO. La controversia legal que detuvo la edificación del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) ha sido documentada en una flamante obra académica, la cual examina el suceso como un referente para el ámbito del derecho administrativo y aeroportuario en la República Dominicana. Se trata del volumen “Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario”, un escrito que revisa el procedimiento judicial entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), considerado uno de los enfrentamientos legales administrativos más significativos en el sector aeronáutico del país.
La obra fue presentada por Diego González, quien preside la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), y Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El texto compila las resoluciones judiciales más importantes del caso, junto a investigaciones elaboradas por Rafael Dickson Morales, Carlos González y Javier Barnes, además de incluir un prólogo del jurista brasileño Augusto Neves dal Pozo.
Durante la presentación, los panelistas coincidieron en que la principal contribución del libro radica en demostrar que no existe un modelo único para la administración aeroportuaria, sino que el éxito de cualquier esquema —sea público, privado o mixto— depende del acatamiento del marco legal, el interés colectivo y la seguridad operacional. “La discusión no debe enfocarse en la titularidad del aeropuerto, sino en su modo de gestión”, afirmó González, resaltando que la eficiencia y la calidad del servicio están intrínsecamente ligadas al cumplimiento de la regulación vigente.
La publicación relata el origen de la disputa, que comenzó en 2020 cuando el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro obtuvo las autorizaciones para iniciar su desarrollo. Posteriormente, el IDAC impulsó la declaración de lesividad de esos actos administrativos, argumentando que el procedimiento presentaba irregularidades y que la potestad para autorizar la construcción de un nuevo aeropuerto recaía en la autoridad aeronáutica competente. Tras varios años de litigio, el Tribunal Constitucional validó en 2025 la legalidad de las acciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto, una determinación que, según los autores, representa un hito para el estudio del derecho de las infraestructuras y la buena administración pública.
Rodríguez-Arana sostuvo que los aeropuertos constituyen un punto de convergencia entre el derecho público y el privado, al agrupar aspectos vinculados a contratos, migración, sanidad, servicios públicos y regulación económica. En este sentido, afirmó que estas infraestructuras deben ser administradas bajo principios como la planificación estratégica, la responsabilidad institucional y la buena administración.
Los expertos también señalaron que la jurisprudencia generada por el caso fortalece el progreso del derecho aeroportuario al establecer pautas sobre la aplicación de las normativas que rigen la aviación civil y al reforzar el principio de legalidad establecido en el Convenio de Chicago de 1944. Asimismo, enfatizaron que proyectos de esta índole exigen un cumplimiento riguroso de estudios técnicos, ambientales y de planificación, además de ajustarse a los estándares definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Como parte de las conclusiones del encuentro, Rodríguez-Arana anunció que incorporará el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro en sus cursos universitarios sobre derecho administrativo, mientras que González aseguró que la publicación contribuye al fortalecimiento de la doctrina jurídica aeroportuaria en América Latina.
