El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) ha sugerido que las contribuciones para la gestión de residuos sólidos, establecidas por la Ley No. 98-25, se determinen considerando la naturaleza de la actividad económica y el volumen real de desechos generados, en lugar de solo la facturación. Esta iniciativa busca asegurar un sistema más justo y proporcional, donde la carga financiera refleje el impacto ambiental de cada sector. La propuesta ha sido elevada a diversas autoridades clave del gobierno y del sector privado.
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) ha planteado que las aportaciones definidas en la Ley No. 98-25, que enmienda la Ley No. 225-20 sobre Manejo Integral y Coprocesamiento de Desechos Sólidos, se calculen no únicamente por el nivel de ingresos de las empresas, sino también considerando la índole de la operación comercial y la cantidad de desechos producidos. Esta iniciativa fue presentada oficialmente mediante comunicaciones dirigidas al presidente de la República, Luis Abinader; al presidente del Senado, Ricardo de los Santos; al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; y al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini.
El argumento del CNCP se fundamenta en la idea de que un esquema de contribuciones ambientales debe guardar una conexión lógica con el impacto ecológico de cada quehacer económico, buscando que aquellos que generen mayores volúmenes de desechos sólidos contribuyan en una medida congruente con la presión que ejercen sobre el sistema nacional de manejo de residuos.
La entidad explicó que el comercio mayorista de provisiones representa uno de los canales principales para el suministro de alimentos y productos básicos en el país. A diferencia de otras actividades económicas, su función primordial se centra en la distribución y venta de productos terminados, operando con márgenes de beneficio limitados y produciendo volúmenes de residuos considerablemente menores que los generados por actividades industriales o de transformación.
El presidente del CNCP, ingeniero Jorge A. Jerez Espinal, manifestó que la organización apoya completamente los propósitos de la legislación ambiental y reconoce la relevancia de fortalecer un sistema moderno y perdurable para la administración integral de los residuos sólidos. “Nuestra propuesta no busca exenciones ni tratos preferenciales para el comercio. Lo que promovemos es un principio de equidad ambiental: que las contribuciones mantengan una relación razonable con la cantidad de desechos efectivamente producidos por cada actividad económica. Quien genera un mayor impacto sobre el sistema debe aportar en una mayor proporción a su sostenibilidad”, puntualizó.
Jerez señaló que la inclusión de criterios de proporcionalidad contribuiría a consolidar la legitimidad de la normativa, asegurando un trato más equitativo entre los diferentes sectores productivos y salvaguardando la competitividad de actividades vitales para el abastecimiento nacional.
El líder empresarial enfatizó que el CNCP mantiene una postura constructiva y de cooperación con las autoridades, convencido de que la protección del medio ambiente y el progreso económico son metas complementarias que pueden lograrse a través de políticas públicas construidas sobre la base del diálogo, la evidencia técnica y la búsqueda de acuerdos.
La postura institucional del CNCP se presenta en un momento en que diversos actores del ámbito empresarial han destacado la importancia de fortalecer los espacios de consulta, deliberación técnica y conversación en torno a las modificaciones de la legislación sobre residuos sólidos, con el objetivo de establecer un marco normativo sostenible, balanceado y ampliamente consensuado.
