El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, ha manifestado su apoyo a la extensión del plazo de entrada en vigor del nuevo Código Penal. Argumenta que la legislación actual presenta contradicciones con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión, lo que podría generar riesgos para el orden democrático y la seguridad jurídica. Bonilla enfatiza la necesidad de un análisis exhaustivo por parte de expertos antes de su implementación.
Hotoniel Bonilla, quien ejerce como secretario de Justicia de la organización política Fuerza del Pueblo, ha expresado su respaldo a la solicitud de diversos sectores que buscan posponer la fecha establecida para que el nuevo Código Penal comience a regir. El argumento principal es que este cuerpo legal choca con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia concerniente a la libertad de expresión.
“El Código entra en conflicto con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia en lo que respecta a la libertad de expresión, especialmente en su aplicación a la denuncia de las acciones de los servidores públicos. Por ello, se advierte sobre el posible uso de este como herramienta de control político y social, mediante la amenaza de procesos penales, lo que instrumentalizaría el sistema judicial. Esto, a su vez, debilitaría el Estado de derecho y los principios que sustentan el sistema democrático”, declaró el jurista.
Detalló que el Código necesita ser objeto de un análisis exhaustivo por parte de especialistas y actores relevantes, con el fin de resolver las tensiones que pudieran poner en peligro el orden democrático, la certeza jurídica y la coexistencia pacífica de la población dominicana.
El abogado y líder político señaló que durante la aprobación del nuevo Código, se incorporaron modificaciones y nuevas figuras penales que representan una amenaza para las garantías constitucionales y un posible quiebre del bloque de constitucionalidad, aspectos que requieren una revisión.
La implementación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, establecido en la Ley número 74-25, está programada para el 3 de agosto del año 2026.
Añadió que entre las organizaciones que han solicitado al Poder Ejecutivo dilatar el período para la entrada en vigor del Código Penal se encuentra la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Esta entidad busca ampliar el período de vacatio legis de la Ley número 74-25, que instaura el Código Penal, considerando que la propuesta es pertinente. Responde a inquietudes de amplios segmentos de los medios de comunicación, la comunidad jurídica, el ámbito académico y actores del propio sistema judicial, quienes observan con preocupación algunas disposiciones incluidas en esta trascendente legislación.
En este contexto, denunció también que en la situación actual, donde sectores del partido en el poder muestran una notable intolerancia hacia las opiniones disidentes, lo que ha conducido a la persecución legal de personas consideradas incómodas, las disposiciones del mencionado Código, relativas a la nueva formulación de los tipos penales diseñados para reprimir supuestas conductas que afectan el honor, podrían constituir un atentado contra la libertad de opinión y la libre manifestación del pensamiento.
El exfuncionario del Ministerio Público advirtió que en momentos en que se busca manipular la percepción pública, construyendo una opción de permanencia del poder actual basada en la influencia de grupos económicos con predominio político, resulta indispensable que estas preocupaciones y demandas sean atendidas para salvaguardar el ambiente democrático.
