Un tribunal ha dictaminado el internamiento psiquiátrico por un período de cinco años para John Raymond Durán Villar, el hombre que irrumpió en el Palacio Nacional con una camioneta en febrero de 2024. Este suceso causó daños significativos a la infraestructura gubernamental y dejó a dos miembros del ejército heridos. La resolución judicial reabre el debate sobre la salud mental de los implicados en este tipo de incidentes y las medidas legales adecuadas.
SANTO DOMINGO.– Una instancia judicial ha determinado el ingreso por cinco años en un centro de salud mental para John Raymond Durán Villar, el individuo que en febrero de 2024 accedió al Palacio Nacional conduciendo una camioneta. Este incidente ocasionó perjuicios en las instalaciones de la sede del Gobierno y causó lesiones a dos militares. La resolución, divulgada este jueves por un medio de difusión nacional, marca un nuevo episodio legal en un caso que suscitó preguntas acerca de la situación psiquiátrica del involucrado y las circunstancias en las que se produjo la intrusión en la sede gubernamental.
El evento ocurrió la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Durán Villar impactó una camioneta Chevrolet Colorado contra las puertas metálicas del Palacio Nacional, situadas en la avenida México. Después de derribar los accesos, continuó su trayectoria hasta alcanzar la zona del estacionamiento presidencial, donde colisionó con otro automóvil.
Durante el incidente, resultaron lesionados el sargento Westel Jiménez Hernández y el raso Erick Castillo Tejada, ambos miembros del Ejército de República Dominicana y asignados a la seguridad del recinto presidencial. Ambos sufrieron heridas de consideración y requirieron atención en centros hospitalarios.
En aquel momento, la Fiscalía atribuyó al conductor la presunta comisión de delitos relacionados con un atentado contra la vida del presidente de la República y un intento de homicidio contra los militares. Según los testimonios recabados en la solicitud de medida de coerción, tras su detención, habría manifestado que el mandatario había perjudicado a su familia y solicitó perdón.
La condición mental del acusado fue uno de los aspectos que caracterizó el proceso desde sus etapas iniciales. En febrero de 2024, una entidad comunitaria pidió que se investigara su estado psiquiátrico y su ambiente familiar, mientras que su defensa también solicitó que se le realizara una evaluación psicológica para determinar si estaba en capacidad de enfrentar penalmente las acusaciones.
En junio de ese mismo año, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decretó su libertad pura y simple. Los jueces fundamentaron su decisión en que no había sido presentado ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su detención, tal como lo establece la Constitución dominicana. Esa determinación respondió a una violación de procedimiento y no constituyó una absolución de los hechos.
Con la reciente disposición de cinco años de internamiento psiquiátrico, el caso vuelve a poner en el centro del debate la respuesta judicial frente a individuos cuya condición de salud mental influye en su responsabilidad penal y en la clase de medida que debe aplicarse.
