La justicia de Santiago ha impuesto 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora, implicados en la Operación Onco14. Este caso complejo investiga un presunto desvío de más de RD$148.6 millones destinados a tratamientos oncológicos. La exauditora Dilcia Isabel Vargas Sánchez recibió arresto domiciliario tras mostrar disposición a colaborar con la investigación.
La magistrada Sthephanie Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, ha dictaminado una medida de coerción de dieciocho meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora. Adicionalmente, declaró el proceso de la Operación Onco14 como complejo, en el cual el Ministerio Público examina un supuesto esquema de corrupción que habría desviado más de 148.6 millones de pesos dominicanos, fondos inicialmente asignados para la atención de pacientes con cáncer en la zona Norte del país.
En el mismo fallo, el tribunal ordenó el arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien fuera vicepresidenta y auditora del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Esta decisión se tomó después de que el Ministerio Público modificara su solicitud de medida coercitiva, valorando la disposición de la señora Vargas Sánchez para cooperar con la pesquisa.
Pepca resalta la solidez de las evidencias
Al finalizar la audiencia, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la resolución judicial ratifica la robustez del expediente presentado por el órgano acusador. “El tribunal reconoció que la petición de medida de coerción del Ministerio Público era sólida y que proporcionamos pruebas más que suficientes para establecer la vinculación de los acusados con los sucesos bajo investigación”, manifestó.
Informó que la jueza aceptó todas las conclusiones presentadas por el Ministerio Público, aplicando las mismas medidas solicitadas para Héctor Lora y Luisa Guzmán, mientras que en el caso de Dilcia Vargas, acogió la modificación de la solicitud realizada por los fiscales.
Ortiz aclaró que el Ministerio Público no ha formalizado hasta el momento un acuerdo de colaboración con Dilcia Vargas, aunque explicó que la institución valora la actitud de aquellos imputados que reconocen su responsabilidad y demuestran voluntad de cooperar con las investigaciones, lo cual influye en la evaluación del riesgo procesal. La procuradora adelantó también que la indagación continúa. “Seguiremos investigando. Habrá más personas imputadas y este caso promete mucho”, aseveró.
Senasa: “El mensaje es que nadie está por encima de la ley”
Los letrados Manuel Conde y Carlos Polanco, miembros del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y representantes del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud (Senasa), consideraron la determinación como una evidencia de la fortaleza institucional del sistema judicial.
Conde sostuvo que el tribunal ponderó la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y el riesgo que representaban los imputados para el avance de la investigación. Explicó que el expediente implica recursos públicos destinados primordialmente a pacientes del régimen subsidiado de Senasa. “Estamos hablando de fondos asignados a individuos que padecen cáncer, especialmente de los estratos más vulnerables. El mensaje del Estado dominicano y de Senasa es claro: quien afecte el patrimonio público será perseguido y llevado ante la justicia, sin importar quién sea”, expresó.
Precisó que los RD$3,754 millones corresponden al total desembolsado por Senasa al centro médico entre 2018 y 2025, y que la investigación busca determinar qué porcentaje de esos fondos habría sido desviado a través de procedimientos fraudulentos. Entre las tácticas investigadas mencionó la facturación de procedimientos médicos inexistentes, la duplicación de tratamientos, cobros irregulares por medicamentos oncológicos y la entrega parcial de fármacos facturados como si hubieran sido suministrados en su totalidad. Añadió que esta etapa procesal es apenas el comienzo del caso y que las investigaciones siguen abiertas.
Defensa de Dilcia Vargas confirma colaboración
El abogado Ricardo Reina, representante legal de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su defendida continuará cooperando con el Ministerio Público. Explicó que Vargas, quien desempeñaba funciones contables en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, proporcionará toda la información que posea para determinar la magnitud del presunto fraude. “Mi representada seguirá entregando todos los datos que necesita el Ministerio Público para establecer cuánto fue realmente lo sustraído”, indicó.
Defensa de Luisa Guzmán recurrirá la decisión
Por su parte, el abogado Pantaleón Mieses, representante de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, anunció que apelará tanto la prisión preventiva como la declaración de caso complejo. Sostuvo que durante la audiencia quedó demostrado que su cliente posee suficiente arraigo y que no tuvo participación directa en la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao. “Consideramos que los 18 meses de prisión preventiva son excesivos. Analizaremos la decisión completa y ejerceremos los recursos legales correspondientes”, afirmó.
Defensa de Héctor Lora califica la medida de desproporcionada
Mientras tanto, el abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró, defensor de Héctor Antonio Lora Cruceta, informó que también impugnará la resolución judicial. El jurista sostuvo que esperará conocer las justificaciones completas de la decisión antes de presentar la apelación y consideró que la medida fue influenciada por la alta exposición pública del caso. “Vamos a examinar cuidadosamente la decisión íntegra para estructurar el recurso de apelación. Entendemos que la medida fue desproporcionada”, expresó.
El expediente
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez lideraban una presunta estructura que operó entre 2018 y octubre de 2025, utilizando el Instituto Oncológico Regional del Cibao para desviar recursos públicos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer. La investigación atribuye al grupo un perjuicio económico superior a 148.6 millones de pesos dominicanos, dentro de operaciones financiadas por Senasa que superan los 3,754 millones de pesos dominicanos durante el período investigado. El Ministerio Público sostiene que el expediente sigue en desarrollo y no descarta nuevos sometimientos, al considerar que podrían existir otros responsables vinculados a una de las indagaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en el sistema de salud dominicano.
