El Reino Unido ha implementado nuevas sanciones contra individuos y organizaciones rusas debido a su presunta implicación en el desarrollo de armas químicas. Estas medidas se relacionan con ataques como el envenenamiento de Alexéi Navalny y el incidente de Serguéi Skripal. Londres argumenta que estas acciones violan el derecho internacional y representan un riesgo para la seguridad global, mientras Moscú niega las acusaciones.
El Gobierno del Reino Unido ha impuesto recientes restricciones a científicos y entidades de Rusia, a quienes acusa de involucrarse en programas de investigación y desarrollo de componentes químicos asociados a ataques atribuidos a Moscú. Entre estos incidentes se encuentran el envenenamiento del disidente Alexéi Navalny y el ataque contra el exespía Serguéi Skripal en suelo británico.
El conjunto de disposiciones, anunciado este lunes por el Ejecutivo británico, afecta a siete ciudadanos rusos y a dos centros científicos. Se les imputa colaboración en la creación de sustancias prohibidas como el agente nervioso Novichok y la toxina Epibatidine. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, los individuos y organizaciones sancionados estuvieron implicados en estudios científicos que formaron parte de un programa de armamento químico, considerado ilícito y contrario a los acuerdos internacionales que Rusia ha suscrito.
Entre los afectados se encuentran Artur Zhirov, Andrei Antokhin, Sergei Chepur, Vladimir Kondratyev, Aleksandr Makhlay, Ivan Kravstov y Viktor Taranchenko, junto con los organismos estatales SC Signal y el Instituto Estatal de Investigación y Pruebas de Medicina Militar (GNIII VM). Londres sostiene que algunos de estos investigadores participaron en estudios vinculados a sustancias empleadas en operaciones que causaron víctimas, incluyendo el suceso de Navalny, quien falleció en 2024 mientras estaba recluido en una prisión rusa, según la perspectiva británica, aunque Moscú desestima tales acusaciones.
El Gobierno británico también rememoró el ataque ocurrido en 2018 en Salisbury, Inglaterra, donde, según sus indagaciones, se utilizó el agente nervioso Novichok contra el exagente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia. Ambos lograron sobrevivir, pero la ciudadana británica Dawn Sturgess perdió la vida después de entrar en contacto con residuos de la sustancia.
La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, manifestó que el presunto uso de armas químicas por parte de Rusia constituye una transgresión del derecho internacional y una amenaza para la estabilidad mundial. Las nuevas penalizaciones surgen en un contexto de incremento de las tensiones entre Londres y Moscú, que también experimentaron un nuevo incidente militar después de que el Reino Unido informara que sus aviones de combate interceptaron una aeronave rusa de patrulla marítima cerca de una agrupación naval británica desplegada en misiones de la OTAN en el mar de Noruega.
Rusia ha negado de manera persistente las acusaciones británicas sobre el empleo de armas químicas y ha rechazado cualquier responsabilidad en los casos de Navalny y Skripal.
