La justicia china ha dictado una sentencia de muerte contra un exfuncionario de alto nivel por su participación en un vasto esquema de corrupción. Este veredicto, uno de los más rigurosos en años, subraya la seriedad con la que el país aborda los delitos financieros, especialmente en el contexto de la campaña anticorrupción en curso impulsada por el presidente Xi Jinping.
Las autoridades judiciales chinas han condenado a la pena capital al antiguo funcionario Yang Youlin, tras encontrarlo culpable de liderar una red de corrupción que le permitió recibir coimas por más de 2.210 millones de yuanes (equivalentes a unos 325 millones de dólares). Esta es una de las determinaciones más severas impuestas en tiempos recientes a un alto cargo público.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, situado en la provincia de Jiangsu, estableció que Yang aprovechó las diversas posiciones que ocupó entre 1993 y 2023 para favorecer a entidades comerciales y personas particulares. Esto lo hizo a través de la adjudicación de proyectos de construcción, cesión de terrenos, transacciones de negocios y la administración de recursos públicos, a cambio de cuantiosos pagos ilegales.
Además de la sentencia de muerte, el tribunal ordenó la confiscación de todas sus posesiones, la inhabilitación política de por vida y la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente para su entrega al Estado. El fallo también lo declaró responsable de malversación de fondos, abuso de autoridad, lavado de dinero, apropiación indebida de recursos públicos y el pago de sobornos.
Los magistrados consideraron que la magnitud de los sobornos fue “particularmente elevada” y que sus actos causaron graves perjuicios al Estado, además de generar un considerable impacto social. Por estas razones, descartaron la posibilidad de reducir la sentencia, a pesar de que el exfuncionario colaboró con las autoridades proporcionando información sobre otras infracciones.
Aunque en China es habitual que las sentencias de muerte por corrupción se suspendan por un periodo de dos años, lo que usualmente resulta en cadena perpetua si el condenado mantiene un buen comportamiento, las ejecuciones sin suspensión son poco frecuentes y se reservan para situaciones consideradas de extrema gravedad. Esta resolución se produce en el marco de la ofensiva contra la corrupción promovida por el presidente Xi Jinping desde 2012, una estrategia que ha llevado a la investigación y condena de miles de funcionarios y directivos de empresas estatales en todo el territorio nacional.
