Amnistía Internacional (AI) ha emitido una seria advertencia sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. La organización vincula estas violaciones al régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, una medida que suspende garantías constitucionales en la lucha contra las pandillas. El informe destaca que estas acciones no son incidentes aislados, sino que forman parte de patrones estatales sistemáticos.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha expresado su inquietud respecto a la posible ocurrencia de crímenes contra la humanidad en El Salvador. Esta situación se enmarca en el contexto del régimen de excepción, una polémica estrategia vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, la cual suspende diversas garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Esta conclusión es una de las principales revelaciones del informe titulado '»Seguridad» sin derechos', presentado por voceros de AI en la Ciudad de México.
La entidad indicó que «la evidencia reunida sugiere que las infracciones documentadas no son eventos aislados, sino que corresponden a modelos de comportamiento estatal propiciados por la reestructuración del marco legal e institucional del país».
«Los descubrimientos del estudio señalan que la privación severa de libertad a gran escala, las denuncias recurrentes de tortura, los patrones de desapariciones forzadas y los decesos bajo custodia del Estado no deben interpretarse como sucesos aislados, sino como parte de una serie de abusos que, por su magnitud y organización, podrían constituir crímenes contra la humanidad según el derecho penal internacional», detalla el documento.
El estado de excepción, instaurado en marzo de 2022 tras un aumento en los homicidios perpetrados por miembros de pandillas, ha generado 6.400 quejas por violaciones a los derechos humanos y representa la estrategia principal del Gobierno del presidente Nayib Bukele para reducir la violencia asociada a las maras.
«Seguridad» sin derechos
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, manifestó durante la presentación virtual del informe que «la seguridad no puede fundamentarse en la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso».
«El Estado tiene el deber de resguardar a la población frente a la violencia criminal y de investigar y castigar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos», enfatizó.
Esta es la segunda advertencia acerca de la posible materialización de crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano. Previamente, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) había alertado en marzo pasado sobre una situación similar.
