A pocas horas de que concluya el plazo para recibir enmiendas, diversos sectores han presentado sus últimas propuestas para el Código Penal. Mientras algunos abogan por endurecer medidas contra la corrupción y eliminar disposiciones consideradas inconstitucionales, otros defienden la penalización del aborto y expresan inquietud por posibles restricciones a derechos fundamentales. El Gobierno busca que esta legislación entre en vigor el 3 de agosto, en medio de un intenso debate.
Con poco tiempo disponible y antes de que la comisión bicameral comience las discusiones finales, varias organizaciones buscaron influir en la versión definitiva de una ley que sigue generando controversia y que el Poder Ejecutivo espera implementar el próximo 3 de agosto. Por un lado, se solicitó aumentar las penas por actos de corrupción y suprimir cláusulas que se consideran contrarias a la Constitución. Por otro lado, se defendió mantener la prohibición del aborto, preservar ciertos apartados del proyecto y se alertó sobre posibles modificaciones que, a su juicio, afectarían garantías esenciales.
El líder de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez sugerencias de modificación al proyecto. Entre ellas, propuso eliminar la exención de responsabilidad penal para partidos políticos e instituciones religiosas, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, suprimir el delito de ultraje e incluir sanciones por el uso de inteligencia artificial y deepfakes para dañar la reputación de las personas.
“No creemos que deba haber privilegios. No estamos de acuerdo con el tratamiento preferencial que se da a los partidos políticos y a las iglesias para que no sean entidades penalmente responsables”, manifestó Rodríguez.
Asimismo, insistió en que el Congreso debe examinar cada artículo del texto para asegurar su conformidad con la Constitución y reiteró su propuesta de incorporar las tres causales o, en su defecto, modificar la redacción de la única excepción contemplada para resguardar la vida de las mujeres.
En contraste, representantes de Juventud con una Misión (JUCUM) y otras agrupaciones religiosas defendieron mantener la penalización del aborto y manifestaron preocupación por algunas enmiendas relacionadas con la libertad de expresión y la discriminación.
“Algo inconstitucional no puede ser aprobado a menos que se modifique la Constitución”, afirmó Omayra Álvarez, presidenta de JUCUM.
La líder aseguró que, aunque apoyan la aprobación del Código Penal, existen disposiciones que consideran ambiguas y que podrían provocar conflictos en la aplicación de la normativa.
Durante la jornada también se presentaron representantes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Colegio de Abogados, quienes pidieron revisar varios artículos al entender que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión. El presidente del CDP, Luis Pérez, solicitó la eliminación del artículo 29 y una revisión de las penas establecidas para el acoso, el bullying y el ciberacoso.
“El artículo 29 debe ser suprimido porque restablece una responsabilidad eliminada por el Tribunal Constitucional y vulnera el principio de la personalidad de la pena”, explicó.
Los gremios advirtieron que algunas cláusulas podrían facilitar interpretaciones excesivas de comportamientos cotidianos y generar conflictos con derechos constitucionales.
El plazo para recibir propuestas finaliza este miércoles a las 6:00 de la tarde. A partir de ese momento, la comisión bicameral continuará las deliberaciones a puerta cerrada y tendrá 48 horas para elaborar el informe que se entregará al Congreso, en medio de los esfuerzos por aprobar las modificaciones antes del cierre de la legislatura, programado para el 26 de julio.
La reforma fue enviada por el Poder Ejecutivo con cambios a 18 artículos de la Ley 74-25, después de las observaciones formuladas por diversos sectores, mientras persisten las advertencias de que el texto podría enfrentar acciones de inconstitucionalidad una vez sea promulgado.
