La Asamblea Nacional francesa ha dado su aprobación final a una legislación innovadora que establece el derecho a la asistencia médica para morir, abarcando la eutanasia y el suicidio asistido. Esta medida está destinada a pacientes con enfermedades graves e irreversibles que experimentan un sufrimiento considerable. A pesar de su aprobación, el texto será revisado por el Consejo Constitucional, debido a ciertas reservas expresadas por el gobierno. Esta ley representa un avance social significativo en el mandato del presidente Emmanuel Macron.
La Cámara de Diputados de Francia concedió su aprobación definitiva este miércoles a la normativa relacionada con el derecho a la ayuda médica para fallecer. Esta comprende la reglamentación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para individuos con padecimientos irreversibles severos y altos niveles de aflicción. El proyecto obtuvo el respaldo de 291 legisladores, mientras que 241 se manifestaron en contra. La votación de este miércoles constituyó la resolución final en una tercera lectura, facultando a la cámara baja francesa para ratificar la ley después de un proceso complejo. Desde 2025, el documento recibió el visto bueno de los diputados en dos ocasiones, pero fue rechazado otras dos veces por el Senado, dominado por la mayoría conservadora.
El plan legislativo que legaliza la eutanasia fue promovido a finales de 2024 por el presidente francés, Emmanuel Macron. Él estableció la aprobación de este derecho como una de las conquistas sociales de su segundo y último periodo presidencial, que finaliza en mayo de 2027. Sin embargo, la normativa será ahora evaluada por el Consejo Constitucional a iniciativa del primer ministro nombrado por Macron, Sébastien Lecornu, quien tiene inquietudes sobre ciertos fragmentos del texto, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días). Inmediatamente después de la aprobación de la ley, Macron comunicó, en un mensaje en X, que “las apelaciones ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho” y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.
El texto, impulsado por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), introduce en Francia el derecho a la “asistencia para morir”. Este debe ser ejercido por la propia persona involucrada de forma excepcional, si está impedida físicamente, por un profesional médico o de enfermería. Las condiciones para ejercer este derecho incluyen ser mayor de edad y poseer la nacionalidad francesa o ser residente en el país. Pueden solicitarlo personas que padezcan enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en una fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
El individuo debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser mitigado o que el paciente considere insoportable después de haber optado por rechazar o suspender un tratamiento. No obstante, se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin una patología física grave subyacente, no otorga acceso a este derecho. Para ejercerlo, el solicitante debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para expresar su voluntad de manera libre y consciente en el momento de presentar la solicitud. En tal caso, debe pedir la asistencia a un profesional médico y el procedimiento debe formalizarse por escrito y someterse a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe proporcionar una respuesta justificada en un plazo de 15 días desde la petición. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión después de un lapso mínimo de reflexión de 2 días.
Este último punto es precisamente uno de los factores que genera mayor controversia, por su duración, y uno de los aspectos que el Gobierno de Sébastien Lecornu remitirá al Tribunal Constitucional. No obstante, la regulación del derecho a fallecer era una promesa fundamental, en el ámbito social, del segundo mandato de Macron. También se solicitará que se pronuncie sobre las disposiciones aplicables a los adultos bajo tutela o protección legal, en particular en relación con la manifestación de un consentimiento libre e informado, así como sobre la función de las personas legalmente responsables de su protección.
La tercera consulta se enfocará en la articulación entre la cláusula de objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la situación de los centros sanitarios y médico-sociales cuya misión es acompañar a los pacientes al final de su vida, sin acelerar su deceso pero también sin encarnizamiento terapéutico, y que excluyen el uso de la ayuda para morir. El Gobierno, en un comunicado, justificó esta determinación señalando que, aunque la Asamblea Nacional llevó a cabo un debate profundo sobre el texto, el examen en el Senado “no permitió un análisis igualmente exhaustivo” que armonice las expectativas de los defensores de la reforma con las preocupaciones de sus detractores sobre su aplicación. Se espera así que la intervención del Constitucional brinde “las aclaraciones necesarias” para asegurar que su implementación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal. Por su parte, el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, también había anunciado previamente su propósito de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley.
