Un tribunal en Génova ha emitido su primera resolución sobre el colapso del puente Morandi, que ocurrió en agosto de 2018 y causó la muerte de 43 personas. Treinta y dos individuos fueron hallados culpables por su rol en la administración y conservación de la estructura. El exconsejero delegado de la empresa concesionaria recibió la pena más severa, con otros directivos también sentenciados a prisión.
El Tribunal de Génova dictaminó el jueves la primera sentencia relacionada con el desplome del puente Morandi, suceso ocurrido el 14 de agosto de 2018, y declaró culpables a 32 personas por su participación en la dirección y el cuidado de la infraestructura, cuyo derrumbe provocó 43 muertes. El principal sentenciado es Giovanni Castellucci, antiguo consejero delegado de la compañía concesionaria Autostrade per l’Italia (ASPI), quien fue condenado a 12 años de cárcel, según reportaron medios italianos. Entre los condenados también se encuentran Michele Donferri, exresponsable de mantenimiento de ASPI, con una pena de 11 años de prisión; Paolo Berti, exdirector de operaciones de la concesionaria, y Antonino Galata, exconsejero delegado de la empresa supervisora SPEA, ambos con sentencias de cinco años y seis meses de prisión. Asimismo, Mauro Coletta, exdirector de supervisión del Ministerio de Infraestructuras, recibió una condena de cinco años de cárcel.
El colapso del puente Morandi sucedió mientras vehículos transitaban por la estructura, resultando en el fallecimiento de 43 personas, cuantiosos perjuicios materiales y dejando a centenares de residentes sin hogar. Castellucci no estuvo presente en la audiencia, ya que cumple otra pena de seis años de prisión por un accidente de autobús ocurrido en 2013 en el viaducto de Acqualonga, en la provincia de Avellino.
El proceso judicial comenzó el 7 de julio de 2022 y se llevó a cabo a lo largo de 284 audiencias. La Fiscalía de Génova había solicitado condenas que totalizaban casi 400 años de prisión para 56 acusados y la exoneración de uno de ellos. De acuerdo con la acusación, los responsables conocían desde hacía años los inconvenientes estructurales del puente y la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento que fueron pospuestos repetidamente.
Los acusados enfrentaron cargos por homicidio múltiple, homicidio culposo, derrumbe culposo, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo. En total, las condenas impuestas suman 200 años de prisión, de acuerdo con la prensa italiana. La lectura del veredicto fue presenciada por familiares de las víctimas, acompañados por la alcaldesa de Génova, Silvia Salis.
En vísperas del fallo, Autostrade per l’Italia, cuya dirección fue renovada tras la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana. Tanto la concesionaria como SPEA han desembolsado aproximadamente 60 millones de euros en compensaciones a los familiares de las víctimas.
