Un ciudadano dominicano residente en Ohio ha admitido su culpabilidad ante un tribunal federal de Estados Unidos por participar en una conspiración para lavar dinero. Este individuo formó parte de una red criminal que defraudaba a adultos mayores mediante una estafa telefónica, conocida como la "estafa de los abuelos". La sentencia está programada para el 9 de septiembre de 2026, enfrentando una posible pena de hasta 20 años de prisión.
PITTSBURGH, Pensilvania. Un hombre de nacionalidad dominicana, que reside en Cleveland, Ohio, reconoció su culpabilidad en una corte federal de Estados Unidos por un cargo de conspiración para el blanqueo de activos. Este ilícito estaba conectado a una red delictiva que operaba una estafa telefónica dirigida a personas de la tercera edad, según lo comunicado por la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Pensilvania.
El imputado, Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, asumió su responsabilidad ante la jueza federal Nora Bary Fischer por su implicación en una organización que, según las autoridades, tenía su base de operaciones en la República Dominicana y ejecutaba el conocido engaño denominado “estafa de los abuelos”.
Conforme a los documentos judiciales, la agrupación criminal contactaba telefónicamente a personas de edad avanzada, haciéndose pasar por un pariente, generalmente un nieto, quien presuntamente enfrentaba una emergencia y necesitaba dinero con urgencia para cubrir una fianza o resolver un problema legal. Las víctimas retiraban el efectivo de sus cuentas bancarias y lo entregaban a conductores de servicios de transporte como Lyft y Uber, quienes, sin tener conocimiento de que se trataba de un fraude, trasladaban el dinero en efectivo a miembros de la organización, incluso cruzando límites estatales.
Las autoridades señalaron que Bisono Rodríguez recibía el dinero obtenido a través del engaño y posteriormente lo legalizaba mediante depósitos en entidades financieras o por medio de transferencias hacia la República Dominicana, siendo consciente de que los fondos provenían de acciones fraudulentas.
La audiencia para dictar la sentencia ha sido fijada para el 9 de septiembre de 2026. El delito conlleva una sanción máxima de hasta 20 años en prisión, una multa de 500,000 dólares, o ambas penas. No obstante, la condena definitiva será determinada siguiendo las Directrices Federales de Sentencia y los antecedentes del acusado.
El caso es llevado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el respaldo del Departamento de Policía de Parma, en Ohio, y seis departamentos de policía del oeste de Pensilvania.
