La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha dado luz verde a las prisiones estatales para implementar tecnología de bloqueo de señales de teléfonos móviles introducidos ilegalmente. Esta medida busca fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, abordando la preocupación por el uso de estos dispositivos para actividades delictivas desde el interior de las cárceles. La decisión, adoptada por unanimidad, responde a años de advertencias sobre el impacto negativo de los celulares de contrabando en la seguridad pública.
Las cárceles estatales de Estados Unidos ahora tienen la facultad de interrumpir las señales de teléfonos celulares que ingresen de forma clandestina a sus instalaciones. Esta autorización fue concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que aprobó una nueva normativa que empodera a las autoridades carcelarias para emplear esta tecnología con el fin de mejorar la seguridad interna. La determinación fue tomada por voto unánime este jueves, en una reunión de comisionados en Washington, y aborda la inquietud de las autoridades estadounidenses respecto al empleo de dispositivos móviles de contrabando para perpetrar crímenes desde el confinamiento.
Según la agencia Associated Press (AP), los funcionarios de prisiones han alertado durante años que los reclusos se valen de estos aparatos para coordinar operaciones de narcotráfico, organizar revueltas e incluso dictar actos violentos contra guardias y otras personas fuera de los muros penitenciarios. La reciente disposición no impone la instalación de sistemas de bloqueo a las prisiones, pero sí establece condiciones para su aplicación. Entre estas, se requiere la realización de pruebas exhaustivas para asegurar que las comunicaciones telefónicas externas a los centros no se vean afectadas y la obligación de informar a las autoridades cuando los dispositivos sean movidos.
La comisionada Anna Gomez, quien finalmente apoyó la propuesta, manifestó su inquietud por las posibles repercusiones de una calibración incorrecta, que podría perturbar sistemas de seguridad domésticos o impedir llamadas de emergencia. «Deseo garantizar que no comprometamos la seguridad pública mientras intentamos mejorarla», declaró Gomez, la única demócrata en el panel.
Un desafío para la seguridad penitenciaria
El presidente de la FCC, Brendan Carr, defendió la autorización, argumentando que la tecnología representa una herramienta adicional para las autoridades a nivel estatal y municipal, aunque admitió que no es una solución definitiva al problema. Carr reveló que anualmente se incautan aproximadamente 25,000 teléfonos celulares en prisiones estatales y locales de Estados Unidos, una cifra que, según indicó, ilustra la magnitud del tráfico de estos dispositivos en los centros de reclusión. Los aparatos son introducidos a través de diversos métodos, incluyendo ocultos en balones de fútbol americano vaciados, con la complicidad de personal corrupto o lanzados por encima de las vallas mediante drones. Durante una visita a Carolina del Sur, el funcionario presenció una exhibición de cientos de teléfonos confiscados y drones empleados para transportar artículos ilegales a las cárceles.
Agresiones y revueltas vinculadas a móviles ilegales
Entre los casos citados para justificar la medida se encuentra el de Robert Johnson, un guardia penitenciario de Carolina del Sur que estuvo a punto de perder la vida en un ataque a su domicilio en 2010. De acuerdo con las autoridades, la agresión fue planeada por un recluso que utilizó un teléfono celular introducido ilegalmente en prisión. Johnson ha narrado las graves secuelas físicas del ataque, que le han exigido someterse a casi tres decenas de operaciones y vivir con dolores constantes. Otro precedente ocurrió en 2018, cuando siete internos fallecieron durante un motín en una cárcel de Carolina del Sur, considerado entonces el enfrentamiento carcelario más letal en Estados Unidos en 25 años. Las autoridades atribuyeron el suceso a una disputa entre bandas que habría sido coordinada, en parte, mediante teléfonos celulares ilícitos.
Carolina del Sur, pionera en las pruebas
Ese estado ha liderado los ensayos de esta tecnología en centros penitenciarios. En 2008, la FCC autorizó una prueba de un sistema de bloqueo en una prisión de máxima seguridad, utilizando un dispositivo que emitía una frecuencia capaz de interrumpir las señales telefónicas dentro de un área específica sin afectar el servicio en el exterior. Posteriormente, en 2019, se llevó a cabo otra prueba en una prisión estatal, como parte de una colaboración entre autoridades federales y penitenciarias. Hasta el momento, esta tecnología estaba permitida en instalaciones federales, pero las cárceles estatales requerían la aprobación de la FCC debido a las restricciones establecidas en una ley de comunicaciones de casi un siglo de antigüedad.
Inquietudes por los derechos de los reclusos
La autorización también ha suscitado objeciones de organizaciones que defienden los derechos de las personas privadas de libertad y de representantes de la industria de las telecomunicaciones. Los grupos que abogan por los reclusos argumentan que las elevadas tarifas de los servicios telefónicos legales en las cárceles han empujado a algunos internos a buscar vías ilegales para mantenerse en contacto con sus familiares. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones han alertado sobre el riesgo de que los sistemas de bloqueo interfieran con comunicaciones legítimas y afecten a personas que residen o trabajan cerca de los centros penitenciarios. La FCC considera que las nuevas condiciones permitirán emplear esta tecnología de forma más controlada, con el objetivo de reducir el uso de celulares ilegales sin perjudicar las comunicaciones de las comunidades adyacentes.