El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se prepara para inscribir su candidatura a un tercer periodo consecutivo, en un contexto de alta aprobación popular y reformas constitucionales. Paralelamente, su administración ha desplegado una significativa fuerza militar en Haití, inicialmente para localizar a personal desaparecido, extendiendo sus operaciones contra grupos criminales. Esta iniciativa ha generado controversia y debates tanto a nivel nacional como internacional.
El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene previsto registrar formalmente su postulación este jueves 19 de noviembre, con el objetivo de contender por una tercera gestión consecutiva en los comicios del 28 de febrero de 2027. Este anuncio se produce mientras su Gobierno ha iniciado una ofensiva militar en Haití, donde ha movilizado a más de dos mil efectivos para la búsqueda de cuatro militares salvadoreños presuntamente secuestrados.
Bukele, de 45 años, busca mantenerse en el cargo junto al vicepresidente Félix Ulloa, apoyado por un nivel de aprobación que se estima en un 80 %, según encuestas citadas por medios de comunicación internacionales. El jefe de Estado competirá contra cuatro aspirantes de la oposición, entre ellos Maytee Iraheta, representante de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La posibilidad de una nueva candidatura surge a raíz de una reforma constitucional aprobada en julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, la cual está controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Dicha modificación eliminó las restricciones a la reelección presidencial, extendió el periodo de gobierno de cinco a seis años, suprimió la segunda vuelta electoral y adelantó las votaciones a febrero de 2027, con el fin de que coincidieran con las elecciones legislativas y municipales.
Bukele asumió la presidencia en 2019 y fue reelegido en 2024, después de que un dictamen de la Corte Suprema de Justicia en 2021 permitiera la reelección consecutiva del mandatario, una práctica que previamente estaba vedada por la Constitución. Su popularidad se atribuye principalmente a la disminución de la criminalidad de las pandillas, lograda a través de un régimen de excepción que ha estado vigente desde marzo de 2022, bajo el cual se han efectuado más de 93,000 detenciones. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han reportado arrestos arbitrarios, actos de tortura y más de 500 fallecimientos bajo custodia del Estado.
La aspiración de reelección coincide con la intervención militar salvadoreña en Haití, que comenzó tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos el 18 de octubre, en el contexto de un ataque perpetrado por grupos armados. Aunque Bukele justificó el envío de más de dos mil soldados como una misión de rescate, las operaciones se han ampliado para incluir acciones contra organizaciones delictivas que controlan áreas de Puerto Príncipe, con la intención de replicar parte de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador.
El despliegue salvadoreño se lleva a cabo en un territorio donde también operan la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), apoyada por Naciones Unidas, y personal de seguridad asociado a la compañía estadounidense Vectus Global. La GSF ha marcado distancia de la operación unilateral de Bukele, mientras que Estados Unidos ha solicitado una coordinación para evitar confrontaciones entre fuerzas aliadas y la ONU ha instado a garantizar la protección de la población civil.
Mientras Bukele busca extender su permanencia en la Presidencia, su modelo de seguridad sigue generando opiniones divididas. Sus defensores resaltan la reducción de los asesinatos y el debilitamiento de las pandillas, en tanto que sectores opositores y entidades internacionales critican la concentración de poder y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. A estos debates se suman las inquietudes económicas de la ciudadanía, especialmente en lo referente al coste de vida, que representa uno de los principales desafíos para su gobierno.