El expresidente Donald Trump ha instado a la Corte Suprema de EE. UU. a validar la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de revocar 16.000 millones de dólares en subsidios destinados a un programa climático. Este caso, considerado el de mayor envergadura en su tipo, podría establecer un precedente significativo para los esfuerzos de Trump de retirar fondos asignados por administraciones anteriores. La Corte aún debe determinar si revisará la apelación.
La administración del presidente Donald Trump ha acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos buscando la confirmación de la determinación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de suspender dieciséis mil millones de dólares en ayudas económicas destinadas a una iniciativa ambiental. Este litigio, catalogado como la mayor disputa sobre la anulación de subsidios en la historia estadounidense, podría influir en los esfuerzos de Trump por desfinanciar programas establecidos por gobiernos previos. El Tribunal Supremo aún no ha comunicado si aceptará revisar el expediente.
La EPA revocó las asignaciones en 2025. La gestión del presidente Joe Biden había otorgado estos recursos bajo una legislación de 2022 con el propósito de financiar proyectos de energía limpia y agilizar la transición hacia fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles. Trump también ha manifestado su intención de revisar otras subvenciones, incluyendo aquellas que su Gobierno considera vinculadas a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Conforme al documento presentado por el Gobierno este mes, una resolución favorable podría fortalecer su postura en otros litigios relacionados con la cancelación de fondos.
El eje central de la controversia es el Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, conocido comúnmente como el «banco verde». Climate United Fund y otras entidades sin fines de lucro fueron seleccionadas para gestionar este programa, que fue autorizado por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Si el Tribunal Supremo opta por no revisar el caso, se mantendría en vigor el dictamen de un tribunal federal de apelaciones que favoreció a las organizaciones, permitiéndoles recuperar el acceso a los recursos.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) canceló las ayudas poco después de que Donald Trump iniciara su segundo mandato en enero de 2025. El director de la agencia, Lee Zeldin, acusó a las organizaciones de una administración deficiente y señaló la posibilidad de fraude. En su demanda, las organizaciones argumentan que la EPA contravino la normativa legal y la Constitución. Solicitan restaurar el acceso a los fondos para poder continuar con la gestión del programa. El Gobierno, por su parte, sostiene que goza de inmunidad frente a dichas reclamaciones y que las organizaciones presentaron la demanda ante un tribunal que carece de la potestad para conocerla.