Empresas Contratadas Exigen Pagos Atrasados y Critican Exceso de Trámites Después de la Aprobación de la Ley 16-26

Representantes de varias empresas contratadas por el estado han manifestado su descontento debido a la demora en la recepción de los pagos correspondientes a proyectos ya finalizados. Alegan que la entrada en vigor de la Ley 16-26, cuyo objetivo era agilizar los procesos administrativos, ha tenido el efecto contrario, generando una mayor complejidad y lentitud en la tramitación.

Según los empresarios, la nueva normativa ha provocado una superposición de funciones entre diferentes entidades gubernamentales, lo que se traduce en la exigencia de documentación repetida y la necesidad de obtener múltiples aprobaciones para un mismo trámite. Esta situación, afirman, está generando un cuello de botella que impide el flujo normal de los pagos.

“Hemos cumplido con todos los requisitos y plazos establecidos en los contratos, pero nos encontramos con que los pagos se retrasan indefinidamente debido a la burocracia”, declaró el vocero de una de las empresas afectadas. “Esto pone en riesgo la viabilidad de nuestras empresas y la continuidad de los proyectos”.

Los contratistas advierten que, de no resolverse esta situación a la brevedad, se verán obligados a tomar medidas legales para exigir el cumplimiento de los contratos y el pago de las deudas. Asimismo, alertan sobre el impacto negativo que esta problemática podría tener en la inversión pública y en la ejecución de obras de infraestructura.

Ante esta situación, solicitan a las autoridades competentes una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos establecidos por la Ley 16-26, con el fin de identificar y eliminar las duplicidades y los obstáculos que dificultan el pago oportuno a los contratistas. Piden también que se establezcan mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan agilizar la tramitación de los expedientes.

Los empresarios confían en que el gobierno tomará cartas en el asunto y buscará una solución que beneficie a todas las partes involucradas. Subrayan la importancia de mantener un clima de confianza y certidumbre en la relación entre el Estado y los contratistas, para garantizar el desarrollo eficiente de los proyectos públicos.