La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha enfatizado que ningún agente está por encima de la ley y que aquellos que actúen incorrectamente deberán responder por sus acciones. Estas declaraciones se dieron en el contexto de la reforma policial, un esfuerzo gubernamental clave para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas dentro de la institución, buscando una policía más profesional y transparente.
La titular de Interior y Policía, Faride Raful, manifestó este lunes que todo miembro de la fuerza policial que contravenga las normativas legales deberá asumir las repercusiones de sus actos. Aseguró que ningún integrante de la institución se encuentra por encima del marco jurídico y que la reestructuración policial persigue afianzar los sistemas de control y la responsabilidad. Estas afirmaciones se realizaron durante la sesión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, dirigida por la vicepresidenta Raquel Peña, donde la funcionaria resaltó que el proceso de cambio de la Policía Nacional representa una de las principales iniciativas de fortalecimiento institucional impulsadas por el Gobierno.
“Si la Policía obró incorrectamente, debe recibir una sanción”, declaró Raful, garantizando que las autoridades no tolerarán la impunidad de ningún agente que incurra en transgresiones a la ley. “No protegeremos ni permitiremos la impunidad para quien haya infringido la ley dentro de una institución”, recalcó.
La ministra sostuvo que cualquier acción que implique la responsabilidad de un componente de la Policía Nacional será investigada y afrontará las consecuencias estipuladas en el marco legal. Raful detalló que la reforma policial busca transformar una institución con más de nueve décadas de funcionamiento, mediante el robustecimiento de los controles internos, la profesionalización de sus integrantes y el aumento de los niveles de claridad y supervisión.
Subrayó que la meta es consolidar una Policía más cercana a la ciudadanía, con una orientación preventiva y dedicada a proteger la vida y asegurar la tranquilidad pública. Respecto a las manifestaciones ciudadanas, la funcionaria reiteró el compromiso del Gobierno con el respeto al derecho de protesta pacífica y apuntó que es deber de las autoridades escuchar las demandas de la población y atenderlas dentro del ámbito institucional.
Asimismo, destacó que la propuesta de una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional contempla el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión sobre los agentes, la formalización de protocolos de evaluación, la regulación del uso de la fuerza y mayores controles internos para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el desempeño de la función policial.
Raful afirmó que transformar una institución con más de 90 años de trayectoria implica tomar decisiones complejas y mantener un proceso constante de evaluación y mejora. “Este Gobierno asumió el compromiso, la responsabilidad y el costo que implica esa transformación”, expresó, reiterando que el propósito es fortalecer la confianza ciudadana a través de una Policía Nacional más profesional, transparente y sujeta al imperio de la ley.
