El partido Fuerza del Pueblo ha instado al Gobierno a divulgar detalles sobre la contratación y financiación del asesor financiero de la Presidencia para la reforma policial. Además, la organización política solicita una auditoría exhaustiva de los fondos asignados a este proceso desde 2021, argumentando la necesidad de transparencia y la persistente percepción de inseguridad ciudadana.
La organización política Fuerza del Pueblo (FP) requirió este martes al Poder Ejecutivo que haga públicos los datos relacionados con la contratación, los honorarios y las fuentes de financiamiento del consultor financiero de la Presidencia para la modificación de la policía. Adicionalmente, solicitó que se realice una fiscalización específica de los capitales invertidos en dicho procedimiento desde el año 2021.
Mediante un comunicado, Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana del partido, aseveró que las autoridades ejecutivas no han revelado qué entidad contrató al consultor, cuánto recibe por sus servicios, cómo se sufraga su remuneración, ni cuál ha sido la inversión total en la reestructuración policial y los logros obtenidos hasta el momento.
La líder partidista opinó que el Gobierno debería hacer públicos los convenios, nombramientos, emolumentos, alcances de trabajo e informes de todos los consultores involucrados en el proceso de transformación de la Policía Nacional. Igualmente, solicitó que se identifiquen las instituciones encargadas de los desembolsos y las partidas presupuestarias empleadas para costear estas contrataciones.
Fuerza del Pueblo también reiteró su petición a la Cámara de Cuentas para que lleve a cabo una revisión completa e independiente de los recursos asignados a la reforma policial. Esto incluye los gastos en asesorías, consultorías, adquisiciones, formación, tecnología, infraestructura, logística y colaboración internacional de las entidades participantes.
Reynoso afirmó que la divulgación de la información sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la reforma policial es un mandato constitucional. Cuestionó que, a pesar de varios años de implementación del proceso, la población siga percibiendo altos niveles de falta de seguridad.
