Una investigación de N Investiga, de Nuria Piera, ha revelado que entre 2021 y 2025, 711 vehículos fueron importados por entidades religiosas bajo un régimen de exenciones fiscales. Esto representa un valor superior a RD$960 millones y un sacrificio fiscal para el Estado dominicano de más de RD$416 millones. El informe examina las organizaciones beneficiadas, los tipos de vehículos y los controles existentes, a raíz de cuestionamientos sobre el uso de automóviles de alta gama por parte de estas instituciones.
Un informe de N Investiga, dirigido por Nuria Piera, ha puesto de manifiesto que 711 automóviles fueron introducidos al país por organizaciones religiosas, amparadas en exenciones tributarias, entre los años 2021 y 2025. El valor total de estos vehículos supera los RD$960 millones, implicando una pérdida de ingresos fiscales para el Estado dominicano de más de RD$416 millones. El análisis periodístico profundiza en qué grupos se beneficiaron de estas ventajas, qué modelos de vehículos fueron importados y qué medidas de supervisión existen para asegurar que estos autos sean empleados acorde a los propósitos que justificaron su exención.
La investigación surge tras recientes declaraciones de Pedro Urrutia, director general de Impuestos Internos, quien expresó dudas sobre el uso de vehículos de lujo por parte de entidades religiosas. Urrutia cuestionó la necesidad de un Mercedes-Benz para una organización no gubernamental dedicada a la oración. Estas declaraciones motivaron a N Investiga a investigar qué organizaciones estaban vinculadas a este tipo de beneficios. Después de varias solicitudes de información a través del mecanismo de acceso libre, la Dirección General de Aduanas finalmente proporcionó los datos que permitieron analizar las exenciones otorgadas en los últimos cinco años.
El sistema de exenciones para las entidades religiosas no aplica de forma idéntica a todas. En el caso de la Iglesia Católica, algunas de estas exenciones se basan en el Concordato firmado en 1954 entre la República Dominicana y la Santa Sede. El impacto económico de este acuerdo para el Estado dominicano fue también objeto de un reportaje de N Investiga en febrero de este año. La investigación recordó que en 2006, la entonces Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado destinó fondos a la Conferencia del Episcopado Dominicano para la compra de vehículos para obispos de diferentes provincias. Entre los autos adquiridos se encontraban una Toyota Hilux doble cabina, valorada en US$33,900, para monseñor Benito Ángeles; una Toyota Prado, con un valor de US$43,275, para monseñor José Dolores Grullón Estrella; y un Toyota Corolla, de US$19,300, para el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
Para las iglesias evangélicas, las solicitudes se tramitan a través del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, una institución que tiene un contrato con el Estado desde 1972, ratificado por el Congreso, que reconoce exenciones fiscales. Desde mediados de la década de 2000, esta entidad recibe y valida las solicitudes de exención de las iglesias evangélicas antes de enviarlas al Ministerio de Hacienda. Las organizaciones deben cumplir con ciertos requisitos para ser reconocidas y acceder al beneficio. Sin embargo, la investigación plantea una pregunta crucial: ¿qué elementos definen la aprobación de una exención? El tipo de vehículo, su costo y el uso previsto son parte del debate, sobre todo porque entre las 711 unidades figuran vehículos de transporte colectivo, pero también camionetas, yipetas y autos de valores.
Los datos obtenidos por N Investiga señalan que, durante el período estudiado, el Estado dejó de percibir más de RD$416 millones en impuestos debido a las exenciones concedidas a instituciones religiosas. El año 2024 registró el mayor número de operaciones, con 200 vehículos y un sacrificio fiscal de RD$124.1 millones. En 2025 se importaron 134 vehículos, en contraste con los 86 registrados en 2021. En total, 298 organizaciones religiosas fueron beneficiadas durante los cinco años analizados. Cinco instituciones concentraron cerca del 30% del sacrificio fiscal, con la Iglesia de Dios Incorporada a la cabeza, que recibió exenciones para 76 vehículos, lo que equivale a un promedio de 15 unidades al año y un sacrificio fiscal de RD$43.4 millones. Entre estos vehículos se encuentran unidades de la marca Mercedes-Benz, precisamente el tipo de automóvil que originó los cuestionamientos iniciales del director de Impuestos Internos. Un Mercedes-Benz GLE 350, modelo 2017, fue valorado en más de RD$1.2 millones, mientras que el Estado dejó de percibir aproximadamente RD$508,685 en impuestos. También se registra un Mercedes-Benz GLA 250, modelo 2019, valorado en cerca de RD$1.1 millones, con un sacrificio fiscal de aproximadamente RD$499,000.
La investigación plantea entonces otra interrogante: ¿para qué emplea la Iglesia de Dios Incorporada una flota de 76 vehículos importados bajo exoneración y quiénes los utilizan? Lorenzo Mota King, director ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, defendió el volumen de solicitudes, explicando que es necesario considerar la cantidad de congregaciones que posee cada organización. Según Mota King, una institución con miles de iglesias puede solicitar varias exenciones al año sin que esto represente necesariamente un uso excesivo del beneficio.
Mota King también detalló que el régimen incluye un criterio relacionado con el valor del vehículo. Según su explicación, las organizaciones no pueden obtener la exención completa si el vehículo excede los US$30,000, a menos que el interesado cubra la diferencia correspondiente. Esta medida busca evitar que el beneficio fiscal cubra totalmente vehículos cuyo valor supere ese límite. El funcionario aseguró además que existen controles para verificar el uso de las unidades y que quienes reciben una exención deben firmar una declaración jurada comprometiéndose a usar el vehículo exclusivamente para el propósito declarado. Mota King afirmó no tener conocimiento de casos recientes en los que estos vehículos hayan sido usados para fines distintos a los autorizados.
Los registros también evidencian que no solo las organizaciones evangélicas recibieron vehículos de alto valor. La Iglesia de Dios Incorporada importó una Toyota Tundra 2023, valuada en más de RD$3.27 millones, y una Toyota Highlander 2024, con un valor superior a RD$2.6 millones. Entre las organizaciones evangélicas también figura el Concilio de Iglesias Cristianas Habacuc, beneficiado con una Kia Telluride 2024, valorada en aproximadamente RD$2.74 millones. Después de la Iglesia de Dios Incorporada, la Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día fue la segunda organización individualmente más beneficiada, con 70 vehículos y alrededor de RD$40 millones en sacrificio fiscal. En tercer lugar, aparece el Obispado de San Francisco de Macorís, con 35 vehículos y RD$23.9 millones en impuestos no percibidos. Le sigue la Diócesis de San Juan de la Maguana, con 19 vehículos y RD$12.6 millones, mientras que la Diócesis de Mao-Montecristi ocupa el quinto puesto, con 15 vehículos y RD$8.6 millones en sacrificio fiscal.
Aunque algunas iglesias evangélicas figuran entre las organizaciones individuales con mayor cantidad de vehículos exonerados, los datos consolidados demuestran que la Iglesia Católica acumula la mayor parte de las unidades y los recursos que el Estado dejó de percibir. Durante el periodo 2021-2025, las instituciones católicas importaron 459 vehículos, asociados a un sacrificio fiscal de RD$276.3 millones. Las iglesias evangélicas, en contraste, importaron 252 vehículos, con un sacrificio fiscal de RD$140.2 millones. Entre las instituciones católicas que aparecen con mayor número de unidades se encuentran el Obispado de San Francisco de Macorís, la Diócesis de San Juan de la Maguana y la Diócesis de Mao-Montecristi. El vehículo de mayor valor registrado entre las 711 unidades fue una Chevrolet Tahoe 2023, importada por el Arzobispado de Santo Domingo, con un valor declarado de aproximadamente RD$3.52 millones. También aparecen dos Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2026, importadas para la Diócesis de Barahona, con un valor individual de RD$2,604,144.
La investigación también se centra en la situación del máximo líder nacional de la Iglesia de Dios Incorporada, el obispo Juan Tiburcio Pérez, quien ocupa esa posición desde 2022 y supervisa, según el reportaje, más de mil congregaciones y sus ministros en el país. N Investiga señala que Pérez fue también cuestionado recientemente por aparecer en la nómina del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) correspondiente a mayo de 2026, con el cargo de Supervisor de Mantenimiento en Nagua y un salario mensual de RD$20,000. Según informaciones difundidas por medios de comunicación, también habría figurado previamente en la nómina del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Estas situaciones son presentadas en la investigación como elementos que exigen explicaciones sobre la gestión de recursos y beneficios vinculados a instituciones religiosas. N Investiga solicitó una entrevista con el obispo Juan Tiburcio Pérez, máximo representante de la organización que encabeza el listado de beneficiarios, pero al momento de la publicación seguía esperando una respuesta.
Para Lorenzo Mota King, la cantidad de dinero que el Estado dejó de recaudar debe analizarse en el contexto del trabajo social que realizan las iglesias. El funcionario consideró que se trata de un beneficio relativamente pequeño en comparación con la labor comunitaria que desarrollan las organizaciones religiosas. Sin embargo, el concepto de sacrificio fiscal se refiere precisamente a los recursos que el Estado deja de obtener como resultado de una exención o exoneración tributaria. Por ello, más allá del valor individual de cada vehículo, los datos plantean interrogantes sobre la eficacia del mecanismo y la capacidad de fiscalización del Estado. Los registros indican que en cinco años, 711 vehículos, valorados en más de RD$960 millones, ingresaron bajo este régimen, mientras que el Estado dejó de percibir más de RD$416 millones. La discusión, por lo tanto, no se limita a cuánto dinero deja de recaudar el Estado. También abarca la determinación de si los vehículos beneficiados cumplen efectivamente con el propósito para el cual fueron solicitadas las exenciones. El régimen fue creado como una herramienta para facilitar actividades que el Estado considera de interés social. Sin embargo, los datos recopilados por N Investiga, de Nuria Piera, muestran que el beneficio también se extiende a vehículos de considerable valor. El desafío para las autoridades radica en determinar si los controles existentes aseguran que cada unidad exonerada sea utilizada exclusivamente para los fines autorizados. Porque cuando un vehículo funciona como instrumento para la labor religiosa, pero también puede convertirse en un auto de uso personal de un pastor, sacerdote o representante de una organización, la línea entre el servicio institucional y el beneficio individual puede ser difícil de supervisar.
