Entre enero de 2023 y junio de 2026, los tribunales dominicanos emitieron 8,045 sentencias contra instituciones públicas. La Junta Central Electoral lidera esta lista con un número significativo de casos, principalmente por asuntos del Registro Civil, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos debido a controversias tributarias. Este análisis revela las entidades más frecuentemente involucradas en litigios, destacando que el volumen de demandas no siempre se correlaciona con el impacto económico.
Entre enero de 2023 y junio de 2026, los tribunales de la República Dominicana registraron 8,045 resoluciones judiciales favorables o de condena en procedimientos legales donde organismos gubernamentales figuraban como parte demandada. La Junta Central Electoral se posiciona a la cabeza de esta relación con 4,525 expedientes, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos, con 1,184; la Dirección General de Aduanas, con 391; el Ministerio de Educación, con 315, y el Ministerio de Medio Ambiente, con 139.
El número de litigios no implica que todas las entidades sean llevadas a los estrados judiciales por idénticas razones. En ciertos escenarios, predominan las disputas relacionadas con el Registro Civil y documentos de identidad; en otros, las controversias de índole fiscal, administrativa o aquellas vinculadas con las atribuciones específicas de cada institución. Por lo tanto, detrás de esta clasificación, es crucial examinar la naturaleza de los procesos que conducen a cada organismo ante los tribunales.
La JCE encabeza ampliamente el listado
La Junta Central Electoral concentra 4,525 sentencias, superando la mitad de los registros identificados en esta clasificación. Esta cifra la ubica muy por encima de la DGII, que ocupa el segundo puesto con 1,184. En los procedimientos relacionados con la JCE, aparecen con frecuencia asuntos del Registro Civil, incluyendo la anulación de actas de nacimiento, impugnaciones de filiación, duplicidad de actas, correcciones y otros trámites concernientes a la identidad y el estado civil de las personas.
En primera instancia, por ejemplo, los registros identifican 941 procedimientos de anulación de actas de nacimiento, 498 de impugnación de filiación paterna, 489 demandas de nulidad y 403 expedientes relativos a la duplicidad de actas de nacimiento. Esto explica una parte considerable del volumen de procesos que sitúan a la JCE en el primer lugar de la lista.
DGII: 1,184 procesos
La Dirección General de Impuestos Internos se ubica en segundo lugar, con 1,184 sentencias. En este caso, la mayoría de los procedimientos se relaciona con disputas tributarias. Los registros del Poder Judicial identifican 1,184 recursos contenciosos tributarios dentro del período analizado. Se trata de litigios en los que los contribuyentes cuestionan decisiones de la administración fiscal y llevan estas controversias ante los tribunales.
Aduanas y Educación también aparecen entre las más demandadas
La Dirección General de Aduanas ocupa el tercer lugar con 391 sentencias, mientras que el Ministerio de Educación registra 315. Posteriormente, aparecen Medio Ambiente, con 139; el Estado dominicano y Relaciones Exteriores, con 133 cada uno; la Presidencia de la República, con 92; Migración, con 90, y Obras Públicas, con 89. La lista continúa con Interior y Policía, con 88; Bienes Nacionales, con 78; Defensa, con 73; el Servicio Nacional de Salud, con 72; Pasaportes, con 69; Salud Pública, con 65; la Superintendencia de Electricidad, con 62, y Hacienda, con 61.
No todas las demandas son por dinero
Los 8,045 procedimientos abarcan diferentes tipos de asuntos judiciales. Los registros identifican 1,184 recursos contenciosos tributarios, 1,047 recursos contenciosos administrativos, 303 casos de casación con reenvío, 155 acciones de amparo y 38 demandas de justiprecio, además de ejecuciones de sentencia, medidas cautelares, recursos de apelación y otros procesos. Por ello, el hecho de que una institución aparezca con frecuencia en los registros no implica necesariamente que todas esas decisiones conlleven una compensación económica.
Existen procesos en los que se busca el reconocimiento de un derecho, se impugna una actuación administrativa, se solicita la corrección de un documento o se procura la ejecución de una resolución judicial. Las entidades más demandadas no son necesariamente las que efectúan los mayores pagos. La clasificación también varía cuando se analiza el impacto financiero. La Junta Central Electoral, que lidera ampliamente el número de sentencias con 4,525 casos, no figura entre las instituciones que concentran los mayores desembolsos por decisiones judiciales.
En contraste, Bienes Nacionales, con 78 sentencias en este período, se encuentra entre las entidades que han tenido que realizar algunos de los pagos más elevados, principalmente por procesos relacionados con expropiaciones y justiprecios. Los registros de pagos incluyen condenas de RD$1,030 millones, RD$379 millones, RD$275 millones y RD$236 millones, entre otros montos significativos. También aparece el Ministerio de Hacienda, que registra 61 sentencias en el período, pero en los registros históricos figura un pago de RD$1,500 millones por una sentencia relacionada con una expropiación. La comparación demuestra claramente que tener un mayor número de sentencias no implica necesariamente la mayor carga económica para el Estado.
8,045 sentencias en tres años y medio
Los tribunales registraron 2,065 sentencias en 2023, 2,469 en 2024, 2,372 en 2025 y 1,139 entre enero y junio de 2026. De ese total, 4,791 corresponden a tribunales de primera instancia y equivalentes, mientras que 3,234 fueron registradas en cortes de apelación y equivalentes. Los datos son preliminares y corresponden a los casos identificables en las bases de datos del Poder Judicial. En definitiva, la clasificación permite identificar cuáles son las instituciones que más frecuentemente aparecen como parte demandada, pero el número debe interpretarse junto con el tipo de proceso que enfrenta cada una.
La JCE encabeza por cantidad, la DGII le sigue con procesos predominantemente tributarios y, a partir de ahí, aparecen instituciones vinculadas a funciones tan diversas como Aduanas, Educación, Medio Ambiente, Migración, Obras Públicas y Bienes Nacionales. Son 8,045 sentencias, pero no todas tienen el mismo origen ni representan el mismo impacto en las finanzas públicas.
