El Consejo de Ministros, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027, estableciendo un monto de RD$2,036,844.2 millones. Esta propuesta busca fortalecer el desarrollo nacional, priorizando inversiones en áreas clave como educación, salud y protección social, mientras mantiene la estabilidad económica y fiscal del país.
El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, presidió este jueves la sexagésima reunión del Consejo de Ministros, donde se aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2027. El monto total asciende a RD$2,036,844.2 millones de pesos. La información fue compartida con la prensa por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su rol de secretario técnico del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
“Hoy celebramos una nueva sesión del Consejo de Ministros donde se dio el visto bueno al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ciclo fiscal de 2027, cuyas erogaciones totales se aproximan a los RD$2.037 billones de pesos, reiterando el compromiso del Gobierno de priorizar inversiones que impulsen el progreso y generen mejores condiciones de vida para nuestra ciudadanía”, manifestó Paliza.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, resaltó que la propuesta presupuestaria se presenta en un momento en que la economía dominicana demuestra su capacidad de recuperación, con un crecimiento del 4.5 %, una disminución de la inflación y reservas internacionales que superan los US$15,000 millones.
“A pesar de las circunstancias actuales, el país progresa; la economía, como ha sido habitual, es resiliente”, afirmó Díaz, explicando que el Presupuesto 2027 busca “mantener la inversión de capital, un déficit fiscal prudente, un incremento mayor en el gasto de capital que en el gasto corriente, y preservar las prioridades del Gobierno en educación, salud y programas de asistencia social”.
El proyecto prevé ingresos por RD$1,510,574.5 millones, lo que equivale al 15.7% del PIB, y un límite de gasto de RD$1,837,856.0 millones (19.2% del PIB). Estas asignaciones se basan en un marco macroeconómico que proyecta un crecimiento del PIB real del 4.75% y una inflación controlada alrededor del 4.5% en promedio.
“El gasto de capital experimentará un crecimiento significativo del 19.7% en comparación con el presupuesto inicial formulado en 2026. Al mismo tiempo, el gasto corriente mostrará un aumento más moderado del 12.3%, lo que refleja la eficiencia y el control en la operación del sector público para priorizar la inversión a largo plazo”, indicó Rijo Presbot.
La propuesta presupuestaria da continuidad a las directrices establecidas en la Política Presupuestaria 2027, aprobada por el Consejo de Ministros en su quincuagésima novena reunión, celebrada en julio pasado. Esta organiza el gasto público en torno a los objetivos estratégicos de Meta RD 2036 y las diez metas prioritarias del gobierno.
Entre sus pilares fundamentales se encuentran el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de la infraestructura física, el aumento de la productividad y el refuerzo de la institucionalidad, manteniendo como prioridades la inversión pública y la atención a las necesidades sociales.
En lo que respecta a salud y protección social, el presupuesto asigna recursos para la continuación y finalización de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a la población.
La inversión en infraestructura constituye otro de los ejes de la planificación presupuestaria para 2027, con énfasis en autopistas y sistemas de transporte integrado, así como en proyectos de agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas.
Del mismo modo, la propuesta contempla el fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucional mediante mayores recursos para el Poder Judicial, además de inversiones destinadas a la seguridad ciudadana y fronteriza, y al sistema penitenciario.
El proyecto será enviado al Congreso Nacional antes del primero de octubre para su consideración, siguiendo el proceso establecido para la aprobación del Presupuesto General del Estado.
El Gobierno subrayó que la elaboración del Presupuesto General del Estado para 2027 busca mantener el equilibrio entre la atención de las prioridades sociales, la inversión necesaria para impulsar el desarrollo económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Lineamientos de Gasto y obras estratégicas
Las políticas de gasto para el 2027 se basan en asegurar el acceso a derechos esenciales y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Para el sector educativo, se mantiene el compromiso de destinar el 4% del PIB, enfocado en apoyar el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, fortalecer la formación técnico-profesional y expandir el sistema de transporte escolar.
En las áreas de salud y vivienda, los fondos impulsarán la infraestructura hospitalaria y darán continuidad al significativo impacto del programa habitacional “Mi Vivienda”. Asimismo, los recursos se dirigirán a proyectos que fomentan el desarrollo productivo y la resiliencia territorial.
Entre las obras principales destacan la edificación del Monorriel de Santiago de los Caballeros, el impulso a proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras, y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
Consejo conoce anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
Como segundo punto de la agenda, el Consejo de Ministros revisó el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será remitido al Congreso Nacional para completar el proceso legislativo correspondiente.
La propuesta se enmarca en la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, y busca otorgar fuerza normativa al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo el marco para su implementación y articulación con los instrumentos regionales y municipales.
Esta herramienta permitirá al país tener una visión unificada para organizar el territorio, guiar el uso del suelo y promover una ocupación más racional y sostenible, aprovechando las oportunidades y el potencial de cada área y contribuyendo a la protección de los recursos naturales.
Además, incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático como componentes esenciales de los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
