La audiencia para conocer las medidas de coerción contra 26 implicados en el caso Senasa 2.0-A fue aplazada hasta este viernes a las 2:00 de la tarde. Durante la jornada anterior, las defensas expusieron sus argumentos ante el tribunal, cuestionando la acusación del Ministerio Público y presentando elementos a favor de sus representados, quienes enfrentan solicitudes de prisión preventiva por supuesta participación en un esquema de facturación irregular.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, pospuso para este viernes a las dos de la tarde la continuación del proceso de coerción contra los veintiséis individuos acusados en el caso Senasa 2.0-A. Esta decisión se tomó tras una extensa sesión en la que los abogados defensores siguieron presentando sus argumentos ante el tribunal.
La audiencia tuvo lugar este jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se caracterizó por las intervenciones de los letrados de los encausados. Estos profesionales cuestionaron varios aspectos de la imputación hecha por el Ministerio Público y expusieron los fundamentos que, a su parecer, deben considerarse para sus clientes.
Hasta una etapa avanzada de la jornada, quince de los veintiséis abogados habían expuesto sus alegatos, según lo informado por el abogado Nolasco Rivas durante uno de los intermedios del proceso. Esto dejó pendientes otras exposiciones de la defensa antes de que el tribunal pueda avanzar a las siguientes fases del conocimiento de la coerción.
Durante las presentaciones de este jueves, los abogados de los acusados cuestionaron la conexión de algunos de sus representados con el presunto entramado investigado por el Ministerio Público. Asimismo, plantearon diversas razones para evitar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
Entre los documentos presentados por las defensas se incluyen pruebas de arraigo y otros elementos destinados a respaldar las circunstancias personales y procesales de los imputados. El caso involucra a veintidós médicos y cuatro exfuncionarios de Senasa, según los reportes publicados sobre la audiencia. El Ministerio Público atribuye a los implicados su supuesta participación en un esquema relacionado con autorizaciones y facturación de procedimientos médicos que, conforme a la acusación, no se habrían llevado a cabo.
La Fiscalía pide dieciocho meses de prisión preventiva para los veintiséis acusados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja. La imputación se encuentra en un expediente de quinientas veinticinco páginas, en el cual el Ministerio Público detalla las operaciones que, según su investigación, habrían permitido usar datos de afiliados de Senasa para gestionar autorizaciones y luego facturar tratamientos médicos que los beneficiarios no habrían recibido. El órgano persecutor sostiene que el supuesto esquema habría ocasionado un perjuicio superior a los cuarenta y un millones de pesos dominicanos.
Otro aspecto que ha marcado el desarrollo del proceso es la declaración de la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, quien afirmó que diez de los veintiséis implicados reconocieron los hechos que les imputa el Ministerio Público. Ortiz también informó que algunos de los procesados que han manifestado su disposición a declarar estarían negociando con el Ministerio Público, lo que podría generar solicitudes de modificación de las medidas para ciertos imputados.
Sin embargo, las posturas de los acusados no son uniformes: mientras algunos han admitido los hechos, otros mantienen su rechazo a las imputaciones y sus abogados han defendido su inocencia o cuestionado los elementos presentados por la Fiscalía.
Con el receso establecido por el juez Rigoberto Sena, el tribunal retomará este viernes a las dos de la tarde el conocimiento de la medida de coerción. La jornada deberá continuar con las defensas que aún tienen pendientes la presentación de sus alegatos, antes de que el tribunal avance hacia la valoración de los planteamientos de las partes y la posterior decisión sobre las medidas solicitadas. Por el momento, el Ministerio Público mantiene su solicitud de dieciocho meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja, mientras las defensas buscan que sus representados enfrenten el proceso bajo otras medidas.
