El alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco, ha generado un fuerte debate local al desestimar enérgicamente las demandas de varias comunidades, incluido el barrio La Granja, que solicitan la pavimentación de sus calles. El edil tildó de "grave error" la politización de estas necesidades y la presión mediática, afirmando que las obras ya están planificadas y no se realizarán por coacción. Esta postura ha provocado el malestar de los residentes, quienes defienden su derecho a la movilización pública.
En una intervención pública reciente, el titular del ayuntamiento de Las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco, suscitó una fuerte discusión en el ámbito municipal al referirse con términos severos a las peticiones de distintos vecindarios, entre ellos La Granja, que solicitan la pavimentación y el urgente recubrimiento de sus arterias viales.
Durante su discurso, el funcionario municipal calificó de «grave error» el intento de los habitantes por politizar sus carencias o recurrir a figuras políticas y a la influencia de los medios para visibilizar proyectos que, según su declaración, ya se encuentran incorporados en la planificación oficial de la alcaldía.
El alcalde enfatizó su desvinculación entre las futuras ejecuciones de obras y la presión ciudadana ejercida mediante grabaciones, denuncias y movilizaciones en las redes digitales.
En este contexto, Polanco afirmó de manera contundente que si el gobierno local empieza a trabajar en algunas de estas áreas en las próximas semanas o meses, no será a causa de la presión popular, sino en cumplimiento de la programación establecida por la administración municipal.
Por su parte, los habitantes del sector La Granja y las zonas adyacentes han expresado repetidamente su descontento por el deterioro de sus vías de acceso, argumentando que la ausencia de asfalto perjudica no solo el tránsito de vehículos y peatones, sino también la calidad de vida y el progreso comercial de la región. Los residentes defienden el empleo de las plataformas digitales y la exposición pública como una herramienta legítima para acelerar soluciones ante lo que consideran respuestas lentas por parte de las autoridades locales.
La controversia subraya la compleja relación entre la administración municipal y las exigencias de participación ciudadana en la localidad, poniendo de manifiesto la necesidad de establecer canales de comunicación más fluidos entre el gobierno local y los sectores populares.
