Un tribunal de Azua ha dictado tres meses de prisión preventiva contra un primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, quien es el principal sospechoso del fallecimiento de su expareja, una mujer de 36 años. La decisión judicial se basó en la gravedad del suceso, que tuvo lugar en presencia de una menor, y busca garantizar la continuidad de las investigaciones. El caso sigue bajo escrutinio del Ministerio Público, que busca esclarecer los detalles y determinar las responsabilidades penales. La víctima pereció a causa de un disparo, según los reportes forenses. El acusado deberá cumplir la medida en un centro penitenciario local.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua ha establecido este lunes una medida de tres meses de prisión preventiva contra Arcadio Montero D’Oleo, primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD). Se le imputa la responsabilidad por la muerte de su anterior pareja, Mayra Alejandra Lara, de 36 años.
La resolución de coerción fue emitida por la magistrada Dayana Gil, quien ordenó que el imputado permanezca en el centro penitenciario situado en el kilómetro 15 de Azua.
Conforme al reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima perdió la vida a causa de un proyectil de arma de fuego recibido en la zona auricular derecha. El incidente tuvo lugar la semana pasada en el kilómetro 7 del distrito municipal Los Jovillos, dentro de la provincia de Azua.
Según las pesquisas iniciales, la pareja ya se encontraba separada desde hacía un tiempo.
El abogado Arcenio Jiménez, quien representa a la parte afectada, opinó que la medida de coerción se justifica por la seriedad del evento. Afirmó que el deceso de Mayra Alejandra Lara ocurrió en presencia de una adolescente de 15 años. Además, el jurista sugirió que el acusado debería recibir una pena de 40 años de cárcel por el delito que se le atribuye.
El Ministerio Público comunicó que continuará indagando las circunstancias del hecho y los posibles móviles que lo originaron, en colaboración con agentes de investigación criminal. Las autoridades prosiguen con la recopilación de pruebas, testimonios y evidencias periciales para dilucidar lo sucedido y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
