El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, enfatizó la importancia de reconocer las labores bien ejecutadas en la administración pública, a la par de señalar las fallas. Durante una entrevista, Peralta destacó que la objetividad es clave al evaluar gestiones gubernamentales, sin que la política opaque los logros. Afirmó que su gestión está respaldada por auditorías y que las investigaciones no han encontrado enriquecimiento ilícito.
El antiguo titular del Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, manifestó que, así como es indispensable señalar y enmendar las equivocaciones gubernamentales, también se debe valorar el desempeño de las entidades y los servidores públicos que han cumplido sus funciones de manera adecuada, conforme a la normativa y a los principios que rigen la gestión estatal.
Mientras participaba en el programa Despierta con la X, transmitido por X102 FM, Peralta analizó la relevancia de examinar las administraciones públicas con imparcialidad, considerando sus logros y las pruebas existentes, sin que las discrepancias partidistas impidan reconocer lo que se ha efectuado correctamente. «Cuando un Gobierno incurre en fallas, estas deben ser investigadas y expuestas. Pero cuando se ha actuado correctamente, cuando existen organismos que han operado de forma eficaz, no debería ser así», declaró, aludiendo a su situación particular y a la necesidad de diferenciar entre las acciones que requieren escrutinio y aquellas que han cumplido cabalmente con sus obligaciones.
En este marco, rememoró su período al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia, a lo largo de los ocho años de la administración de Danilo Medina, y aseveró que los resultados están confirmados por las revisiones contables efectuadas al rendimiento institucional anualmente. Peralta detalló que, durante los años que estuvo bajo investigación, no se ha comprobado, según sus propias palabras, que haya incurrido en un aumento injustificado de su patrimonio, ni que posea propiedades o fondos económicos derivados de operaciones ilícitas.
