El proceso judicial contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros implicados en supuestos actos de corrupción administrativa, se ha visto nuevamente interrumpido. La defensa ha recusado a dos de las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado, alegando falta de imparcialidad, a pesar de que una recusación previa fue desestimada. Este incidente ha generado reacciones del Ministerio Público, que lo considera una táctica dilatoria, y de las propias juezas, quienes rechazan los argumentos.
El litigio que involucra al exsecretario de Finanzas, Donald Guerrero, y a otros individuos acusados de presuntos desfalcos administrativos, se vio nuevamente afectado por un recurso legal este miércoles. La representación legal de los procesados volvió a impugnar a dos de las tres integrantes del Tercer Tribunal Colegiado, a pesar de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había desestimado una objeción anterior.
La reciente solicitud se dirigió contra las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, argumentando que su neutralidad estaría comprometida. Este planteamiento generó respuestas de ambas juezas, quienes refutaron las razones expuestas por la defensa, y una reacción del Ministerio Público, que calificó la acción de desleal y la consideró un intento de retrasar el desarrollo del proceso. El asunto será enviado nuevamente a la Corte de Apelación, que deberá pronunciarse sobre la recusación. Mientras tanto, el tribunal programó la continuación de la sesión para el 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
La defensa reitera dudas sobre la imparcialidad
La representación legal de varios de los acusados fundamentó la objeción en el artículo 80, numeral 10, del Código Procesal Penal, al considerar que existen circunstancias que comprometen la objetividad de las magistradas para seguir conociendo el caso. Con este nuevo instrumento, los abogados buscan insistentemente apartar a Martínez y Rodríguez del conocimiento del proceso, después de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación rechazara una recusación previa y estableciera que el Tercer Tribunal Colegiado tenía autoridad para continuar con el juicio. La defensa solicitó que el incidente fuera remitido a la Corte de Apelación, junto con las actas y resoluciones correspondientes, para que esa instancia examine sus argumentos.
Las juezas refutan los argumentos
La magistrada Leticia Martínez calificó de deshonesta la conducta de la defensa y afirmó que cuando una jueza comunica una resolución adoptada de forma unánime, lo hace en nombre del tribunal, no a título personal. En su opinión, si los abogados consideraban que existían motivos graves que ponían en riesgo la imparcialidad, debían dirigir su cuestionamiento contra el órgano colegiado. También estimó que la recusación estaba siendo empleada para posponer el proceso y recordó que este mecanismo no es una vía para impugnar decisiones judiciales.
Por su parte, la jueza Evelyn Rodríguez sostuvo que las razones presentadas por la defensa no se corresponden con la causa invocada en el artículo 80, numeral 10, del Código Procesal Penal. Rodríguez señaló que las resoluciones judiciales deben ser impugnadas mediante los recursos establecidos por la normativa y no a través de objeciones. Además, hizo alusión al artículo 135 del Código Procesal Penal, referente al deber de lealtad procesal, y destacó que este tipo de acciones dificulta el avance del juicio y genera mayores costos y tiempo para el sistema.
Ministerio Público habla de deslealtad procesal
Tras la audiencia, el Ministerio Público también cuestionó la nueva recusación y la calificó como un acto de deslealtad procesal. El organismo acusador explicó que la Corte de Apelación ya había rechazado una objeción anterior y confirmado que el Tercer Tribunal Colegiado tenía la capacidad y competencia para conocer el expediente. Asimismo, relacionó el nuevo incidente con una decisión tomada durante la audiencia a petición de la Fiscalía: la separación del proceso respecto de uno de los acusados que se encuentra enfermo, medida que el tribunal aceptó por razones humanitarias para permitir que el juicio pudiera continuar.
El Ministerio Público consideró que la defensa reaccionó con una nueva recusación después de que las juezas aceptaran esa solicitud. También valoró que el tribunal advirtiera a los abogados que, si vuelven a incurrir en actuaciones desleales, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal. La advertencia no implica que se haya impuesto una sanción en esta audiencia, sino que el tribunal señaló las consecuencias que podrían derivarse de futuras acciones de esa naturaleza.
Un proceso de gran trascendencia económica
Donald Guerrero, quien ejerció como ministro de Hacienda durante el periodo 2016-2020, figura entre los imputados en un expediente de presunta corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría causado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$19,000 millones. La acusación atribuye a los procesados su participación en un esquema de irregularidades durante la gestión de Guerrero en dicha institución. Las imputaciones forman parte de un proceso en el que el organismo acusador busca establecer responsabilidades penales, las cuales deberán ser determinadas por los tribunales. Con la nueva recusación, el desarrollo del juicio vuelve a depender de una decisión de la Corte de Apelación sobre la conformación del tribunal que debe seguir conociendo el expediente. La audiencia fue postergada y reprogramada para el miércoles 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
