El sistema chino de registro residencial, conocido como 'hukou', es una pieza central en la vida de millones de ciudadanos, determinando el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. A pesar de su importancia histórica en el control migratorio, hoy día genera desafíos significativos, ya que millones de personas residen en lugares distintos a los registrados en su hukou, creando una "población flotante" con acceso limitado a derechos básicos. Esta rigidez burocrática no solo afecta a las familias, sino que también plantea interrogantes sobre su impacto en la economía y el consumo nacional.
Aunque el término 'hukou' pueda no ser familiar para muchos, para millones de ciudadanos chinos representa un elemento crucial en sus vidas, influyendo directamente en su cobertura sanitaria, el acceso a alquileres protegidos e incluso, en algunos casos, obligando a padres a vivir separados de sus hijos. Esto se debe a que el hukou es el registro de residencia de los ciudadanos chinos, un mecanismo que establece en qué regiones del país pueden acceder a servicios públicos fundamentales y en cuáles se encuentran en una posición desfavorecida. El problema actual radica en que, tras décadas de intensa migración interna, millones de personas en China residen en lugares diferentes a los que indica su registro de hukou.
El hukou, considerado una especie de pasaporte interno, es un censo de residencia diseñado inicialmente para controlar los flujos migratorios. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un factor determinante para el acceso a servicios básicos como la educación, la atención médica o las prestaciones de jubilación. Su lógica inicial era simple: si una persona está registrada en una zona rural, debería disfrutar de los servicios en esa área, no en una región urbana distante. No obstante, el hukou ha terminado por vincular a millones de chinos a su lugar de origen, incluso cuando se han mudado a otra provincia.
El proceso para cambiar el hukou no es sencillo. Aquellos que buscan actualizar su situación, trasladando su registro al lugar donde realmente estudian, trabajan y residen, a menudo deben cumplir con años de empleo estable, cotización o una serie de requisitos burocráticos. Trishala S., de la ORCA, explica que "al imponer barreras institucionales, el sistema regula el flujo de personas y mano de obra a través de diferentes áreas geográficas. Viajar y reubicarse se convierte en una tarea sumamente compleja debido a los obstáculos impuestos por el sistema". Este sistema no es reciente, tiene profundas raíces históricas y su forma actual se remonta al menos a mediados del siglo XX, cuando se consolidó como una herramienta para regular la migración interna.
Hace décadas, el hukou fue fundamental para que Pekín controlara el éxodo rural, limitando el traslado de la población del campo a las ciudades. También facilitaba la gestión de la economía planificada y la distribución de recursos. La mayoría de las personas recibían un hukou al nacer, que las vinculaba a su lugar de nacimiento y se convertía en su llave de acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación. Cada individuo quedaba ligado a su propia provincia. La agencia Bloomberg resume que "es más fácil acceder a prestaciones como la asistencia sanitaria, la pensión y la educación gratuita si una persona vive en el lugar donde está empadronada. No disponer del hukou adecuado dificulta la compra de una vivienda o un coche". Además, este pasaporte interno es una pequeña libreta granate donde se consignan matrimonios, divorcios, nacimientos, muertes y las raíces territoriales.
El problema actual es que la China de hoy difiere enormemente de la de finales de la década de 1950, cuando se estableció el sistema. Aunque el hukou se ha adaptado con los años, los ajustes han resultado insuficientes. El País recordaba recientemente que, según el último censo, casi 358 millones de personas en China residen en un lugar diferente al que indica su hukou. Esta vasta "población flotante" incluye migrantes rurales, estudiantes y familiares, y se estima que en 2025 había 180 millones de migrantes de áreas rurales trabajando fuera de su localidad de origen.
Esta situación es significativa, especialmente para la población afectada, que diariamente enfrenta lo que algunos analistas denominan "muros invisibles". Los medios de comunicación, tanto chinos como extranjeros, están llenos de historias de familias directamente impactadas por su estatus. Por ejemplo, el South China Morning Post (SCMP) relató el caso de la familia de Wang Ming: a pesar de que él y su esposa tienen empleos estables y residen en Pekín desde hace más de 20 años, su hukou sigue ligado a su lugar de nacimiento en el noroeste de China. Esto implica que su hijo deberá realizar el examen de ingreso a la universidad en Liaoning, lo que llevó a la pareja a matricularlo en un internado para solucionar la situación.
La dificultad para cambiar el hukou se debe a su estrecha relación con el censo y los servicios, temas particularmente sensibles en las grandes metrópolis. Hace años, Pekín, por ejemplo, buscó limitar su población a 23 millones para evitar problemas de gestión del agua, embotellamientos y contaminación. En este contexto, The Economist cita un estudio que estima que las probabilidades de obtener el asentamiento en Pekín o Shanghái no alcanzan el 2%. En la práctica, esto ha derivado en lo que algunos critican como una sociedad con "dos clases".
Cada vez más voces advierten que este rígido marco administrativo está afectando la economía del país e incluso tiene repercusiones más allá de Asia. Un análisis de Bloomberg de 2020 señalaba que "restringir la movilidad laboral puede frenar la economía, que ha estado creciendo a su menor ritmo en décadas", y que "el sistema ayuda a institucionalizar una enorme brecha en el nivel de vida entre los residentes rurales y urbanos". Además, expertos advierten que el hukou condena a muchos migrantes a un estado de inseguridad que los impulsa a ahorrar más para afrontar imprevistos, lo que a su vez retrae el consumo. Esto no es una hipótesis; estudios demuestran que entre 2012 y 2022, la tasa de ahorro de familias migrantes que vivían en ciudades con un hukou rural fue, en promedio, un 6,8% superior a la de hogares equiparables con un hukou urbano.
Ante esta situación, la solución propuesta es ajustar aún más el sistema, una idea que gana fuerza en el Ejecutivo chino. En mayo, el diario Global Times, asociado al Partido Comunista, informó que el Consejo de Estado había publicado una guía para promover los servicios públicos básicos para todas las personas con residencia habitual en una ciudad, independientemente de lo que indique su registro. La incógnita ahora es si esta iniciativa se enfrentará a la resistencia de los gobiernos locales, quienes deben lidiar con el desafío de que la prestación de mayores servicios públicos se acompañe de un incremento en los ingresos fiscales.
