Recientes incidentes en Sevilla han puesto de manifiesto una escalada de vandalismo contra los radares de tráfico, con vídeos virales mostrando ataques organizados. Estos actos, que incluyen incendios y destrucciones, han motivado una investigación por parte de la Guardia Civil. La DGT considera estos hechos como delitos graves, con posibles penas de cárcel y elevadas multas, mientras se debate la función de los radares entre la seguridad vial y la recaudación.
En España, los radares de tramo, a pesar de su función meramente informativa, suelen generar controversia. Recientemente, se ha viralizado un vídeo donde una persona encapuchada escala un panel informativo sobre los carriles de la A-92, en la entrada a Sevilla, y le prende fuego a un radar. El individuo desciende por una escalera lateral y se retira. Este incidente ha propiciado la aparición de otros vídeos, lo que ha generado la necesidad de discernir entre el contenido verídico y la información posiblemente generada por inteligencia artificial.
El primer vídeo fue difundido por el perfil de Instagram @lasevillaenfurecida. Según medios locales, el radar afectado se ubica en la entrada a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra, cerca del Centro Zoosanitario municipal. Existen versiones contradictorias sobre el incidente: algunas indican que el material en llamas cayó sobre la autovía, mientras que otras señalan que las llamas alcanzaron la zona bajo el dispositivo, junto a la calzada. No se registraron avisos de accidentes ni se reportó ningún incidente.
Este ataque forma parte de una serie de tres incidentes. En la SE-30, frente a un mural del grupo SFDK, varios individuos cortaron el poste de un radar con herramientas de gran tamaño, lo cargaron en un vehículo y posteriormente lo quemaron. En Alcalá de Guadaíra, otro radar fue arrancado de cuajo al ser atado a un vehículo, emulando un estilo 'Mad Max', posiblemente utilizando cuerdas o cinchas.
Respecto al radar de la Ronda Urbana Norte, aunque el vídeo se ha difundido recientemente, el ataque ocurrió a principios de mayo de 2026. Era uno de los cinco radares fijos instalados por el Ayuntamiento el otoño anterior en vías con límite de 50 km/h. Los responsables se llevaron la caja y el cableado, y el equipo fue encontrado quemado en un descampado cercano al aeropuerto de San Pablo. Fuentes cercanas al caso sugieren que las pinzas hidráulicas utilizadas para el corte habrían sido sustraídas previamente de un parque de bomberos de la provincia. El Ayuntamiento tenía conocimiento de la desaparición desde el 4 de mayo, y a finales de junio solo quedaba el poste cortado.
La unidad de investigación del Sector de Tráfico de Andalucía de la Guardia Civil (UNIS) ha iniciado diligencias. No se ha comunicado oficialmente el número total de radares dañados ni la identidad de los implicados. Tampoco se conocen las fechas exactas de los ataques en la A-92 y Alcalá de Guadaíra. Una plataforma de verificación ha registrado el caso como abierto y aún en fase de investigación. A pesar de la visibilidad de estos actos vandálicos, la miniaturización de los radares ha permitido que estos dispositivos estén cada vez mejor ocultos (por ejemplo, el Velolaser, que mide apenas 50 cm y pesa 3 kg).
La cuenta que ha difundido los vídeos atribuye estas acciones a un "justiciero". Esta denominación es curiosamente similar a la del grupo de jóvenes que hace seis años se autodenominaba 'Payasos Justicieros', en alusión a personajes de la serie de comedia 'La Que Se Avecina'. Argumentan que actúan contra radares que consideran con fines meramente recaudatorios. La cuenta también vincula estos actos con otros vídeos no relacionados con radares, aunque la policía no ha confirmado dicha conexión.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ya se pronunció en 2025, tras incidentes de vandalismo contra siete radares en otras comunidades. Estos actos se consideran un delito de daños, tipificado en los artículos 263 a 267 del Código Penal. El tipo agravado, aplicable cuando el daño busca impedir el ejercicio de la autoridad, prevé penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses. La investigación determinará si esta calificación procede en el presente caso. Adicionalmente, los responsables deberán asumir el coste de los dispositivos, estimado en unos 67.000 euros por radar fijo, según la DGT. Desde entonces, Tráfico ha instalado cámaras de vigilancia en estos puntos, conectadas a sus centros de gestión.
La DGT recaudó 246,8 millones de euros en 2025 por multas de radar, lo que representa un aumento del 14% respecto al año anterior, según datos de Automovilistas Europeos Asociados. La velocidad ya constituye el 41,5% de la recaudación total por multas, excluyendo País Vasco y Cataluña. Solo 50 dispositivos generaron 1,3 millones de denuncias. Sevilla fue la sexta provincia con mayor recaudación por multas de tráfico, alcanzando los 26,3 millones de euros. La asociación sostiene que muchos radares son "meros instrumentos de recaudación". La DGT, por su parte, argumenta, basándose en el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, que la velocidad excesiva es un factor en el 10-15% de los accidentes y en el 30% de los mortales. Pere Navarro, director de la DGT, defiende los radares como la única herramienta eficaz para reducir la velocidad.
En Francia, durante las protestas de los chalecos amarillos en 2018, cientos de radares quedaron inutilizados. Algunas emisoras de radio llegaron a reportar que hasta el 60% de los radares automáticos del país estaban fuera de servicio. Esto se interpretó como un ataque simbólico a un gobierno que, según los manifestantes, "usurpaba" demasiado dinero. En Francia existía un movimiento organizado detrás de estas acciones, y se sospecha que una situación similar podría estar ocurriendo en Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto instalar más radares en vías como la Ronda Urbana Norte y la avenida de la Palmera. Estas medidas forman parte de un plan contra el ruido, con una inversión aproximada de diez millones de euros, que se espera culminar en 2029.