Tras los recientes sismos en La Guaira que causaron el derrumbe de varias edificaciones, se ha intensificado el debate en torno a los proyectos de la Misión Vivienda. Un video de 2012, donde el entonces presidente Hugo Chávez inauguraba uno de estos complejos, ha resurgido, junto con informes de organizaciones civiles y reportajes periodísticos que, desde hace más de una década, señalaban problemas de transparencia, supervisión y calidad en las construcciones.
Las indagaciones acerca de los complejos residenciales en La Guaira han vuelto al foco de atención después de los movimientos telúricos que ocasionaron el desplome de múltiples estructuras pertenecientes al programa habitacional. Un audiovisual filmado en el año 2012, en el cual el entonces presidente Hugo Chávez inauguraba uno de dichos conjuntos en Playa Grande, ha recuperado su difusión, mientras que análisis de entidades civiles y reportajes periodísticos resurgen debido a las objeciones que manifestaron hace más de una década sobre la claridad, la vigilancia de las obras y el estándar de algunas edificaciones. Durante el acto de inauguración, llevado a cabo en 2012, Chávez enfatizó el progreso del proyecto y la colaboración internacional que posibilitó la edificación del complejo residencial. “Deseo felicitar a todos los obreros que están erigiendo esta nueva urbe aquí, en Catia La Mar. Gracias a la cooperación con Turquía y a la compañía SUMMA, que está edificando junto a nosotros este conjunto residencial”, manifestó el entonces mandatario.
En aquel momento, Chávez presentó el desarrollo urbano como un emblema de la “Venezuela nueva”. También destacó los acuerdos firmados con corporaciones extranjeras para acelerar la construcción de residencias destinadas a familias de bajos ingresos. Trece años después, varias de esas construcciones resultaron gravemente perjudicadas por los sismos registrados en La Guaira. Mientras prosiguen las operaciones de rescate, las autoridades venezolanas aún no han divulgado un dictamen pericial estructural que determine las causas de los colapsos. Por esta razón, las investigaciones e informes que hoy vuelven a circular no constituyen una explicación oficial, sino antecedentes que han cobrado una nueva importancia.
El derrumbe de más de un centenar de construcciones movilizó a equipos de rescate nacionales e internacionales en la búsqueda de supervivientes. Asimismo, reactivó el interés por estudios e informes divulgados a lo largo de más de una década sobre la implementación de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Entre los documentos más referenciados se encuentran el informe “Viviendas a un costo muy alto y de calidad cuestionada”, elaborado por Transparencia Venezuela, y “Gran Misión Vivienda Venezuela: Balance y desafíos”, publicado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en conjunto con otras organizaciones. Ambos trabajos fueron redactados años antes de los terremotos. En ellos se plantean observaciones sobre la transparencia del programa, los sistemas de contratación, la supervisión técnica, la ejecución de ciertas obras y la escasa disponibilidad de información pública referente a uno de los programas habitacionales más significativos promovidos por el Estado venezolano.
A esos antecedentes se suman reportajes publicados recientemente por medios como ABC y Diario Las Américas, que retomaron esas investigaciones después de los derrumbes ocurridos en La Guaira. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han difundido un informe técnico oficial que establezca las razones del desplome de las edificaciones. En consecuencia, los cuestionamientos contenidos en esos informes y reportajes no representan una explicación oficial sobre lo sucedido.
La Gran Misión Vivienda Venezuela fue establecida formalmente por el gobierno de Hugo Chávez en abril de 2011. Su propósito era disminuir el déficit habitacional y asistir a miles de familias afectadas por las intensas precipitaciones registradas entre finales de 2010 y principios de 2011. Según datos oficiales del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, el programa previó la construcción de millones de hogares mediante alianzas con empresas nacionales y foráneas. Entre ellas figuraban acuerdos con Turquía, Bielorrusia, China, Rusia e Irán. Uno de esos proyectos fue el urbanismo Playa Grande, situado en Catia La Mar, estado La Guaira. De acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ese desarrollo fue construido mediante un convenio con la empresa turca SUMMA y proyectaba la edificación de 1.488 residencias. Precisamente ese conjunto residencial fue inaugurado por Hugo Chávez en 2012. Hoy, sus imágenes vuelven a circular en redes sociales tras los sismos y el colapso de una porción de las estructuras.
Mucho antes de los terremotos, organizaciones de la sociedad civil ya habían difundido estudios sobre la Misión Vivienda La Guaira y otras iniciativas del programa habitacional. Esos informes alertaban sobre inconvenientes vinculados con la transparencia, la adjudicación de contratos y los mecanismos de supervisión. Uno de los documentos más citados es “Viviendas a un costo muy alto y de calidad cuestionada”, elaborado por Transparencia Venezuela. La organización analizó durante varios años la implementación de la política de vivienda impulsada por el Estado venezolano. Según ese informe, uno de los principales problemas fue la limitada accesibilidad a la información pública. A juicio de la organización, esa situación impedía conocer con exactitud aspectos fundamentales del programa. Entre ellos mencionó:
El costo real de numerosas edificaciones.
Las empresas responsables de cada obra.
Los procedimientos empleados para asignar contratos.
Los estudios técnicos realizados.
Las memorias descriptivas de los proyectos.
Los procesos de supervisión durante la construcción.
Transparencia Venezuela sostuvo que esa escasez de información impedía a especialistas, ciudadanos y organismos independientes verificar la calidad técnica de muchos proyectos desarrollados dentro de la Gran Misión Vivienda.
El informe también explica que gran parte del programa fue ejecutada bajo decretos de emergencia aprobados después de las lluvias de 2010 y 2011. Según Transparencia Venezuela, ese mecanismo permitió agilizar la contratación de obras. Sin embargo, la organización afirmó que también redujo los niveles de publicidad y control sobre numerosos contratos públicos. Asimismo, indicó que muchas obras fueron adjudicadas mediante convenios internacionales o contrataciones directas. A su juicio, esa modalidad dificultó conocer los procesos de selección de contratistas. El informe añade que la política habitacional quedó concentrada bajo el Órgano Superior de Vivienda, lo que disminuyó la participación de instituciones que anteriormente ejercían funciones técnicas y administrativas en materia de construcción y supervisión.
Otro de los aspectos examinados por Transparencia Venezuela fue el coste de las viviendas. Según la organización, la ausencia de datos oficiales impedía comparar presupuestos, modificaciones contractuales y la ejecución financiera de numerosos proyectos. El informe también sostiene que existían discrepancias entre las cifras publicadas por distintos organismos del Estado. Esa situación, según los investigadores, hacía complicado determinar cuántas viviendas se habían finalizado y entregado realmente. Para Transparencia Venezuela, esa falta de información limitó la posibilidad de ejercer controles ciudadanos sobre una de las mayores inversiones públicas realizadas por el Estado venezolano.
El informe “Gran Misión Vivienda Venezuela: Balance y desafíos”, elaborado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social junto con otras organizaciones, también identificó diversos inconvenientes durante la ejecución del programa. Entre ellos mencionó:
Retrasos por escasez de cemento;
Dificultades para conseguir acero y otros materiales;
Modificaciones de proyectos originales;
Demoras administrativas;
Problemas para disponer de terrenos; y
Retrasos en convenios internacionales.
El documento añade que algunos proyectos también registraron alteraciones en sus cronogramas debido a ajustes presupuestarios y modificaciones técnicas durante la construcción.
El estudio menciona auditorías realizadas por organismos de control venezolanos. Según el informe, esas revisiones detectaron observaciones relacionadas con documentación incompleta, debilidades en los mecanismos de supervisión y limitaciones para verificar determinados proyectos. También menciona deficiencias administrativas halladas en algunas construcciones. Los autores aclaran que esas observaciones corresponden a proyectos específicos y no representan una evaluación general de todas las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda.
El informe también identifica el urbanismo Playa Grande, en el actual estado La Guaira, como uno de los desarrollos ejecutados mediante el convenio firmado con la empresa turca SUMMA. Según el documento, el proyecto contemplaba la construcción de 1.488 unidades habitacionales. Precisamente ese conjunto residencial fue inaugurado por Hugo Chávez en 2012 y hoy vuelve al centro del debate tras los daños registrados durante los sismos.
Además de los interrogantes sobre transparencia y supervisión, los terremotos reabrieron la discusión acerca de la calidad de algunas construcciones de la Misión Vivienda La Guaira. En su informe “Viviendas a un costo muy alto y de calidad cuestionada”, Transparencia Venezuela afirmó que la información pública disponible era insuficiente para evaluar aspectos técnicos de las obras. Según la organización, esa falta de información impedía verificar elementos como:
Las especificaciones técnicas;
Los estudios de suelo;
Los materiales empleados;
Los controles de calidad; y
Los procesos de supervisión durante la construcción.
A juicio de Transparencia Venezuela, esa ausencia de datos hacía difícil realizar una evaluación independiente sobre la calidad de determinadas edificaciones del programa.
Después de los terremotos, medios internacionales también retomaron esos antecedentes. El diario español ABC publicó un reportaje en el que recuerda investigaciones previas sobre la Gran Misión Vivienda. El medio recopila opiniones de especialistas que plantean interrogantes sobre la calidad de algunas edificaciones y el cumplimiento de criterios de construcción antisísmica. Asimismo, el reportaje menciona investigaciones y versiones según las cuales, después de los derrumbes, quedaron expuestos materiales ligeros en algunas estructuras. Ese hallazgo volvió a alimentar el debate público sobre los sistemas constructivos utilizados en determinados proyectos. En una línea similar, Diario Las Américas recordó que los terremotos hicieron resurgir investigaciones publicadas durante los últimos años sobre presuntas deficiencias en algunos urbanismos y cuestionamientos relacionados con la ejecución de determinadas obras de la Gran Misión Vivienda. Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana ha publicado un peritaje técnico que confirme si esas observaciones guardan relación con el colapso de los edificios.
Los terremotos también reactivaron investigaciones periodísticas sobre la participación del empresario colombiano Alex Saab en contratos relacionados con la Gran Misión Vivienda. De acuerdo con reportajes publicados por ABC, Diario Las Américas y otras investigaciones periodísticas, empresas vinculadas a Saab participaron en proyectos habitacionales ejecutados por el Estado venezolano durante la expansión del programa. Según esos trabajos, el empresario adquirió protagonismo como contratista del Estado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Posteriormente fue investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y contratos públicos. Saab ha rechazado esas acusaciones y sostiene que actuó legalmente como contratista del Gobierno venezolano. Ninguna de las investigaciones consultadas establece que Alex Saab sea responsable del colapso de los edificios afectados por los terremotos ni demuestra una relación directa entre los contratos en los que participó y los derrumbes registrados en La Guaira.
Los terremotos dejaron numerosos edificios colapsados en el estado La Guaira y provocaron que resurgieran investigaciones elaboradas durante los últimos años sobre la Gran Misión Vivienda. Está confirmado que: varias edificaciones del programa habitacional resultaron destruidas o sufrieron graves daños; el video de la inauguración encabezada por Hugo Chávez en 2012 volvió a viralizarse; Transparencia Venezuela y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicaron informes con observaciones sobre transparencia, supervisión y ejecución del programa; y medios como ABC y Diario Las Américas retomaron esas investigaciones tras los terremotos. Sin embargo, continúan abiertas varias interrogantes. Hasta ahora no existe un informe técnico oficial que determine las causas exactas del colapso de las edificaciones. Tampoco se ha establecido públicamente si influyeron factores relacionados con el diseño estructural, los materiales empleados, el cumplimiento de las normas antisísmicas o cualquier otra condición técnica. Por esa razón, los informes de organizaciones civiles y los reportajes periodísticos constituyen antecedentes relevantes para entender el contexto del programa habitacional. No representan una conclusión oficial sobre las causas de los derrumbes, que deberán ser determinadas mediante los peritajes correspondientes.
