Un tribunal de Montecristi ha dictaminado un año de prisión preventiva para un agente y un chofer de la Dirección General de Migración (DGM). Ambos son acusados de aceptar sobornos de migrantes haitianos en situación irregular y de transportarlos ilegalmente en un vehículo oficial. La medida se impuso tras una investigación que reveló el traslado no autorizado de 22 personas, incluidos menores, en el trayecto de regreso de una misión oficial.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi ha impuesto una pena de un año de prisión preventiva a un oficial de la Dirección General de Migración (DGM) y a un conductor de la misma entidad. Se les imputa haber exigido pagos ilícitos a ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular y de haberlos trasladado de forma ilegal en un vehículo oficial. La medida cautelar fue dictada contra el oficial de migración Gustavo Adolfo García Vásquez y el conductor Joel Antonio Castillo Reynoso, ambos asignados al Departamento de Interdicción Migratoria con sede en Puerto Plata.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, argumentó que los acusados carecen de los lazos necesarios para afrontar el proceso en libertad.
Arrestados en flagrante
Según la investigación, los eventos ocurrieron el 19 de junio, cuando los acusados tenían la tarea de trasladar a 32 ciudadanos haitianos indocumentados desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para su posterior deportación. Una vez completada esa tarea, ambos regresaron hacia Puerto Plata y, a pesar de no contar con autorización para transportar personas en el trayecto de vuelta, fueron sorprendidos llevando a otros 22 ciudadanos haitianos indocumentados, entre ellos menores de edad. La detención la llevaron a cabo miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, del municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Investigación
El expediente detalla que el camión oficial de la DGM, marca Shacman, generó sospechas al desplazarse en dirección opuesta a la ruta hacia Dajabón mientras transportaba migrantes. Durante la inspección, los agentes encontraron a los 22 ciudadanos haitianos sentados en la parte trasera del vehículo. Ninguno portaba documentos que acreditaran su residencia legal en el país. De acuerdo con la investigación, dos de los migrantes declararon que sus empleadores los esperaban en Puerto Plata, y que pagarían RD$22,000 y RD$24,000 por su transporte. El Ministerio Público determinó que estas personas no habían sido detenidas durante operativos oficiales de interdicción migratoria, ya que no figuraban en los registros correspondientes.
Cobros ilegales
La investigación establece que los imputados se valieron de su posición como empleados públicos y de los recursos de la Dirección General de Migración para facilitar el tráfico ilegal de personas a cambio de sobornos. El expediente indica que por cada traslado se cobraban entre RD$12,000 y RD$40,000, montos pagados en efectivo o mediante transferencias realizadas por familiares en Haití o en República Dominicana. Asimismo, el órgano acusador señala que, en algunos casos, los migrantes eran captados a través de redes sociales o mediante agencias de viaje que ofrecían el ingreso al país sin cumplir los requisitos legales.
La jueza Javierca Gómez ordenó que ambos imputados cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi. El Ministerio Público informó que las investigaciones prosiguen y recordó que los procesados enfrentan cargos por presuntas infracciones al artículo 146 de la Constitución, los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 46-25, que modifica la Ley 137 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
