Una jueza federal ha señalado al expresidente Donald Trump y a sus abogados por presuntamente manipular el sistema judicial. La acusación surge de una demanda interpuesta contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. La magistrada argumenta que la acción buscaba un acuerdo extrajudicial que eludiría los procesos legales establecidos, otorgando inmunidad fiscal y creando un fondo compensatorio para aliados.
Una jueza ha acusado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus representantes legales de utilizar indebidamente el sistema judicial. La acusación se originó por una acción legal presentada contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) debido a la divulgación de sus impuestos, una entidad del poder ejecutivo, con el fin de lograr una resolución fuera de los tribunales.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams afirmó que esta acción judicial evadió el requisito fundamental de que las partes en un litigio deben tener intereses opuestos. Según explicó, esta táctica sentó las bases para un pacto que concedería al expresidente inmunidad frente a inspecciones fiscales y permitiría establecer un fondo para indemnizar a seguidores de Trump que aseguran haber sido perseguidos por motivos políticos.
“Nunca se presentó ante este tribunal si los actores del Poder Ejecutivo pueden acordar de forma privada otorgarse a sí mismos y a sus antiguos clientes inmunidades generales y miles de millones de dólares en fondos fiscales por daños no definidos legalmente. La cuestión es si las Partes podían hacerlo alegando ser adversarias y recurriendo a la legitimidad de un procedimiento judicial. La respuesta es un rotundo ‘no’”, declaró Williams, quien fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama.
La magistrada también indicó que la demanda interpuesta por Trump contra el IRS tuvo un “propósito inapropiado”. Asimismo, consideró que la reclamación por 10,000 millones de dólares respondía a un interés personal y refirió a uno de los abogados del exmandatario para una posible acción disciplinaria.
Aunque Williams no invalidó el acuerdo judicial que protege al expresidente estadounidense del escrutinio fiscal, sostuvo que el Gobierno no puede afirmar que dicho arreglo fue el resultado de un proceso legal legítimo.
