El Tribunal Supremo de Singapur dictaminó en contra de Bloomberg, ordenando al medio pagar 356.000 dólares por difamación a dos ministros del gobierno. La demanda surgió de un artículo que alegaba operaciones inmobiliarias cuestionables, el cual fue calificado de falso y malicioso por los funcionarios afectados. Los ministros anunciaron que donarán la indemnización a organizaciones benéficas.
El Tribunal Supremo de Singapur emitió un veredicto a favor de dos ministros del Gobierno en una demanda por difamación interpuesta contra Bloomberg. La disputa se originó por un artículo que sugería transacciones inmobiliarias dudosas por parte de los funcionarios, y como resultado, el medio estadounidense deberá abonar una suma de 356.000 dólares como compensación por daños a los políticos.
El ministro del Interior y para la Seguridad Nacional, K Shanmugam, junto con el ministro del Trabajo, Tan See Leng, expresaron su satisfacción con la resolución judicial, hecha pública el lunes. Ambos reiteraron sus objeciones al texto periodístico en cuestión, publicado en diciembre de 2024, calificándolo de incorrecto y malintencionado.
A través de una publicación en Facebook, Shanmugam enfatizó que el escrito representaba un ataque premeditado a la honorabilidad personal y a la trayectoria profesional de ambos ministros. Esto se debía a que contenía insinuaciones sobre la posible implicación de ellos en actividades de blanqueo de dinero dentro de la próspera ciudad-Estado.
Según Shanmugam, en Bloomberg “elaboraron una excusa para hallar la manera de divulgar una historia acerca de nosotros” y “tomaron la determinación editorial consciente de presentar mi operación como material para un ataque político”.
Entre los puntos más graves del texto, a juicio del ministro, figuraban las afirmaciones de que los ministros “mantenían en secreto ante la ciudadanía” y el Gobierno ciertas operaciones de bienes raíces. Shanmugam insistió en que esta aseveración es completamente falsa y fácilmente refutable.
“El tribunal concluyó que Bloomberg incumplió con los estándares del periodismo responsable. Hicieron acusaciones ‘muy serias’ de irregularidades —incluido el blanqueo de capitales— en nuestra contra y tampoco nos ofrecieron una oportunidad adecuada para replicar”, añadió Shanmugam.
Ambos ministros comunicaron que destinarán la totalidad de la indemnización a instituciones benéficas, lo que asciende a los 356.000 dólares de la sanción impuesta por el Tribunal Supremo de la isla semiautocrática, donde rigen normativas estrictas para preservar el orden público.
El proceso judicial se apoyó en la ley POFMA, un marco legal de Singapur sumamente riguroso, que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, dado que faculta al Gobierno para ordenar a los medios que introduzcan correcciones o retiren contenido considerado inexacto.
