El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra diez individuos y cuatro empresas, señalados de conformar una red que habría distribuido más de 108 millones de pesos en sobornos. Estos pagos ilícitos buscaban asegurar contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones gubernamentales. La acción judicial solicita la apertura de un juicio contra los involucrados en la denominada Operación Lobo.
La Fiscalía General informó este miércoles sobre la presentación de cargos formales contra diez personas y cuatro entidades corporativas. Estos fueron identificados como integrantes de una organización desmantelada durante la Operación Lobo, la cual presuntamente canalizó más de 108 millones de pesos en dádivas. El objetivo era obtener y conservar acuerdos de prestación de servicios de seguridad privada en diversas dependencias del gobierno.
La imputación fue entregada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, acompañada de una petición para iniciar un proceso judicial contra los imputados. Entre los señalados se encuentran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, antiguo director de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos antiguos encargados de Seguridad de Edenorte.
También se acusó a Wellington Peralta Santos, antiguo asistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. De igual forma, el expediente incluye como personas jurídicas a Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L.
Según la Fiscalía, la estructura ilegal repartió sobornos por un total de 108,080,359 pesos a directivos de seguridad de diversas instituciones estatales. El propósito era asegurar la asignación, continuidad y ejecución de contratos para la vigilancia privada. La investigación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el respaldo de la Dirección General de Persecución, se inició tras una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con la acusación, la empresa Senase habría efectuado pagos irregulares entre 2012 y 2025. Estos se realizaron mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con la finalidad de garantizar la permanencia de sus acuerdos con entidades públicas. El Ministerio Público sostiene que los funcionarios involucrados recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y evitar una supervisión efectiva de los servicios ofrecidos. Esto permitió a las empresas beneficiarse de fondos públicos a través de prácticas fraudulentas.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación ilícita, fraude contra el Estado y lavado de activos. Estos delitos se enmarcan en la Operación Lobo, llevada a cabo el año pasado, que resultó en la detención de militares y civiles presuntamente vinculados a la red delictiva.
