La defensa del empresario Alex Saab, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, anunció que se declarará no culpable en una audiencia de lavado de dinero en Miami, a la que el acusado no asistirá. Una jueza federal aprobó la petición de Saab para ausentarse, mientras su equipo legal procede con la declaración formal. Este desarrollo marca un nuevo capítulo en el prolongado caso judicial contra el colombiano, quien ya ha enfrentado acusaciones similares anteriormente.
Una jueza estadounidense ha concedido permiso para que el exministro Alex Saab no esté presente en la vista judicial programada para este viernes, en la que sus abogados tienen previsto presentar una declaración de inocencia respecto a los cargos de lavado de activos. La magistrada Lauren F. Louis aceptó el requerimiento del empresario colombiano, a quien las autoridades de Estados Unidos identifican como presunto testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, para eximirse de asistir a la audiencia de presentación formal de acusaciones.
En dicho escrito legal, los representantes de Saab también solicitaron que se registrara una declaración de “no culpabilidad” en relación con las imputaciones por blanqueo de dinero y otros delitos. El documento, entregado el 14 de julio ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, solicitó que Saab pudiera renunciar a su comparecencia en la audiencia y confirmó que el empresario ya ha sido notificado de la acusación, las posibles sanciones en caso de ser hallado culpable y sus derechos constitucionales.
El Caso Saab
Saab, quien nació en Colombia hace 54 años, hizo su primera aparición ante un tribunal federal en Miami el 18 de mayo, dos días después de su extradición desde Venezuela a Estados Unidos. En esa vista, se le imputaron cargos por lavado de dinero y conspiración para llevar a cabo transacciones financieras, así como por ocultar y disimular el origen de los fondos. El tribunal también dictaminó que debía permanecer bajo custodia sin derecho a fianza.
Considerado un cercano colaborador de Maduro, Saab ya había sido objeto de acusaciones por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Tras su arresto en Cabo Verde en 2020 y su subsiguiente extradición a territorio estadounidense, fue puesto en libertad en 2023 durante la administración de Joe Biden (2021-2025) como parte de un canje de prisioneros con Venezuela.
